87 millones de euros costó el despliegue policial en Cataluña el 1-0

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha avalado hoy la actuación de la Policía Nacional y la Guardia Civil en la jornada de referéndum ilegal de Cataluña del 1-O, que ha calificado de "legítima, profesional y proporcionada".

Juan Ignacio Zoido, ha cifrado en 87 millones de euros el coste del despliegue de hasta 6.000 agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil por el referéndum ilegal del 1-O en Cataluña.

"La arrogancia e irresponsabilidad del expresident de la Generalitat Carles Puigdemont y de su gobierno ha supuesto para todos los españoles un coste económico de 87 millones de euros, además de los 1.000 millones sobre el impacto de la desaceleración económica", ha explicado.

Zoido ha defendido que la llamada Operación Copérnico tenía como objetivo responder con "eficacia" a la "rebeldía" de los independentistas, a la "clamorosa desobediencia" a la justicia del Gobierno catalán y a impedir que los catalanes fueran "arrojados al abismo".

Zoido ha comparecido en el Senado para explicar el despliegue y actuación policial en el proceso independentista y ha lamentado los hechos que acontecieron ese día y las heridas que causó a algunas personas.

"Los hechos son lamentables y, preferiblemente, nunca debieron producirse, pero las fuerzas de seguridad del Estado no pueden eludir su responsabilidad, no pueden mirar para otro lado, tienen que actuar cuando las circunstancias lo requieren y además cuando la autoridad judicial o fiscal lo ordena", ha dicho.

Pero ese día "fue absolutamente necesario", ha añadido Zoido, quien ha subrayado que, aunque no le correspondía juzgar "si todos cumplieron de la misma forma sus obligaciones", quizá "si todos hubiesen cumplido con sus obligación, algunos de los hechos que tanto se han criticado no hubieran tenido lugar".

Ha recordado que la Justicia se está encargando de analizar el comportamiento de los Mossos d'Esquadra ese día, y principalmente de sus mandos. De hecho su máxima autoridad en aquellos momentos, el mayor Josep Lluis Trapero, está siendo investigado en la Audiencia Nacional por delitos "tan graves como el de sedición".

A su juicio, el 1 de octubre el Gobierno autonómico "incumplió la ley, las sentencias de los tribunales, su propia legalidad y, además, soliviantó las calles para simular una legitimidad democrática de la que carecían sus decisiones",

Pero fue un intento, sin embargo, que "fracasó en su legitimidad y en sus objetivos", según el titular de Interior, que ha dejado claro que las actuaciones de las fuerzas de seguridad del Estado contribuyeron "de forma determinante" a ello.

"Y lo hicieron de manera ejemplar y en condiciones muy difíciles, cumpliendo con su deber en la defensa del bien común, dentro de la ley y para defender la ley. La actuación fue legítima, profesional y proporcionada y no lo digo yo, es que así lo ha avalado la Fiscalía", ha enfatizado.