El PP teme un "excesivo control" del Gobierno sobre los 'influencers'

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha reunido este lunes con las principales agencias de 'influencers' españolas para mostrarles el rechazo de su formación a lo que consideran "excesivo control" que el Gobierno pretende ejercer contra estos profesionales.

Según ha informado el PP, en la reunión, en la que han participado las vicesecretarias populares de Movilización y Reto Digital, Noelia Núñez y de Igualdad, Conciliación y Política Social, Ana Alós, así como el vicesecretario de Economía, Juan Bravo, se ha abordado el real decreto aprobado el pasado 30 de abril por el Gobierno para regular los requisitos de los "usuarios de especial relevancia" (UER) a efectos de la ley audiovisual.

Noelia Núñez y Ana Alós quieren saber si mediante esta normativa se va a utilizar a los creadores de contenido para incluir en sus redes publicidad institucional y quién fiscalizará su actividad en las plataformas.

Además, han lamentado que, "con tanto examen" como advierten que se les quiere hacer, se puede llegar a limitar su creatividad y ejercer un control sobre su trabajo que podría afectar a su contenido y su capacidad para conectarse con la audiencia, como ha señalado Núñez.

Han criticado también que el nuevo reglamento no deja claro ni quiénes son los "usuarios de especial relevancia" ni si algunas personas con contratos de publicidad en redes sociales, como actores, futbolistas o divulgadores, tendrían la obligación de registrarse como tales.

La formación que preside Núñez Feijóo ha asegurado que los representantes de las agencias SoyOlivia, Okiko, Nickname, Youplanet, Hamelin Agency, Grupo GO y TWIC que han asistido a la reunión han calificado la nueva normativa como muy irresponsable y han advertido de que puede provocar la salida de España de un gran número de estos profesionales.

A todos ellos ha garantizado el PP su disposición a estudiar medidas para incentivar la profesionalización del sector, hacer un seguimiento de los creadores que incumplan la normativa y mejorar la competitividad de España para que sea un país "atractivo del talento digital", así como a incrementar los derechos de los consumidores y la transparencia en la nueva legislación.