El sector turístico se prepara para el nuevo registro de viajeros: "Hasta 42 datos"

El sector turístico se prepara para el nuevo registro de viajeros del Gobierno, que se pondrá en marcha el próximo lunes 2 de diciembre. Desde que se creó en 2022 ha habido tres prórrogas en cuanto a la obligatoriedad del alta y volcado de datos, pero no habrá más.

Hoteles y otros alojamientos, como casas rurales o apartamentos turísticos; agencias de viajes o de alquiler de coches, tendrán que registrar hasta 42 datos de sus clientes, pero no tienen claro cómo va a funcionar la aplicación en la que tienen que hacerlo, a la que ven “muchas lagunas”. 

Pero si no cumplen con estos registros se exponen a sanciones que van desde los 100 euros hasta los 30.000 euros (solo en casos graves y reiterados de incumplimiento), en función de la gravedad de la falta, aunque la medida “no tiene un fin sancionador”, aclaran desde el Ministerio del Interior, responsable de esta plataforma que se ha creado para “luchar contra el terrorismo y el crimen organizado”, como una herramienta más eficaz para los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. 

Su finalidad es disponer de información "precisa e indispensable" porque la normativa estaba obsoleta (el registro de pernoctaciones existe desde 1959 y el control de alquiler de vehículos desde 1974) y no recoge las nuevas modalidades de negocio, como las viviendas turísticas, los portales y las centrales de reservas digitales.

desde el nombre hasta el parentesco con los acompañantes

Nombre, apellidos, dni, domicilio, email, teléfono, número de tarjeta o de cuenta, parentesco con los acompañantes. Son algunos de los datos que se van a pedir a partir de ahora en cualquier reserva.

Y puede que haya que darlos hasta tres y cuatro veces para la misma estancia: “Si reservas en una agencia, luego vas al hotel y tienes coche de alquiler, todos tienen que meter los datos. Así que se pueden duplicar o triplicar”, explica Carlos Garrido, presidente de la patronal de las agencias de viajes CEAV. En este sentido, desde Interior explican que los problemas de duplicidades se irán solucionando a medida que se vaya utilizando la plataforma.

En cuanto a las quejas de las agencias de viajes, representadas por las asociaciones Ceav, Fetave, Acave y Unav de que la nueva norma exige recoger datos que incluso afectan a la intimidad de las personas, el Ministerio de Interior aclara que no hay ninguna información adicional a la que ya se solicita actualmente. Señalan que entienden "los elementos diferenciadores que expresan las agencias", pero que se trata de una norma dirigida a garantizar la seguridad, por lo que "no se puede permitir que nazca con huecos", con brechas de seguridad.

“No creemos que sea legal”

El sector hotelero lo ve inviable, además de “ilegal”. “Serán los jueces los que tengan que validarlo”, afirma Ramón Estalella, secretario general de la Confederación de Hoteles y Alojamientos Turísticos CEHAT.

Javier Jiménez es el propietario de varias casas rurales y apartamentos en Vega de Santa María, Ávila. Para él, esta medida también roza la ilegalidad y no entiende por qué tienen que pedir ellos tantos datos, “cuando esto no ocurre en otros sectores”. Además, denuncia que nadie les ha explicado cómo va a funcionar: “No sabemos nada y nadie se ha preocupado de explicárnoslo”.

Javier cree que no se debe fiscalizar tanto este tipo de trámites, ni hurgar en exceso en la privacidad de la gente y está convencido de que esta medida les va a terminar “pasando factura”.

Todos coinciden en que el registro de viajeros supone un trabajo extra para los establecimientos, con el consiguiente aumento de los gastos.

Lucha contra la delincuencia

En la aplicación ya hay registrados 61.540 establecimientos hoteleros, 1.094 agencias de viajes, 222 plataformas digitales y 1.720 empresas de alquiler de vehículos, que han facilitado 4,77 millones de datos de usuarios desde su puesta en funcionamiento. 

Esa información ha permitido a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado localizar a 18.584 personas buscadas por distintas causas que figuraban en bases de datos nacionales o en el sistema de información de Schenguen. Eran ciudadanos vinculados con operaciones policiales, aunque no todos eran delincuentes sino que se les buscaba porque podrían aportar información sobre casos de terrorismo, criminalidad organizada o criminalidad grave.