Patronal y sindicatos piden al Gobierno que apliquen los ERTE más allá del turismo para negociar su prórroga

La propuesta del Ejecutivo de poner en el centro de las ayudas al sector turístico en la próxima prórroga de los ERTE ha provocado que las negociaciones se hayan estancado en un punto de desencuentro que se tendrá que solucionar en los próximos días, con la fecha del próximo 30 de septiembre como límite para encontrar un acuerdo satisfactorio para todas las partes.

En este sentido, el Gobierno de Pedro Sánchez tiene que presentar una nueva propuesta que permita la supervivencia económica de miles de empresas que pertenecen a sectores muy diferentes, y que se están enfrentando a una situación límite provocado por la crisis de la covid-19. Hasta ahora, este ha sido uno de los desencuentros más importantes entre Ejecutivo y agentes sociales, ya que los anteriores acuerdos los han conseguido sacar adelante con cierta normalidad.

Tanto los sindicatos como la patronal están de acuerdo en no aceptar el modelo de protección diferencial presentado por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Este documento recoge los posibles nuevos criterios de acceso a los beneficios del plan. Subrayando a las empresas y a los trabajadores la capacidad de solicitar estas ayudas en función del sector al que pertenezca la actividad que desarrollan. El sector estaría agrupado en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas, un sistema que agrupa y ordena a las empresas en función de la actividad económica que desarrollen. Sobre esa idea, las empresas relacionadas con códigos ligados al turismo directamente o en un 50% de su cadena de producción y valor serían las beneficiadas.

Esto supondría que las empresas de hostelería, transporte o comercio no se podrían mantener en estas condiciones. En otras palabras, que empresas de aerolíneas, autobuses o restaurante no podrían mantener los ERTE o pedir la inscripción de sus trabajadores en estas ayudas. En este sentido, son más de 50.000 bares los que no han podido abrir sus negocios y también el comercio de las principales calles comerciales de las grandes ciudades tampoco han podido levantar sus persianas.

Con base a este plan presentado por el Ejecutivo, varias fuentes presentes en la negociación han señalado que "la realidad no cabe en la clasificación CNAE". "Hay empresas que pueden estar clasificadas en una actividad aparentemente industrial pero después viven del turismo y con el esquema de ayudas que plantea el Gobierno se quedarían fuera de las ayudas, injustamente".

Los agentes sociales señalan que esta propuesta está motivada por la intención del Ejecutivo de reducir la factura de los ERTE y todo el plan de ayudas, que según cifró a comienzos de semana la Fundación de las Cajas de Ahorro cifró en 25.000 millones de euros. Pero también son conscientes de que aplicar este plan discriminatorio generaría grandes tensiones desde el punto de vista de sus respectivas organizaciones.

Patronal y sindicatos piden explicaciones al Gobierno

También desde la patronal, que representa a pequeñas y grandes empresa así como a trabajadores autónomos, se hacen muchas preguntas sobre las cuentas presentadas por el Ministerio de Seguridad Social: "Dudamos de que los datos sean ciertos", indicó en varias de sus intervenciones a lo largo de esta semana, el presiente de la CEOE, Antonio Garamendi. Sobre este asunto han pedido al ministerio dirigido por el ministro Escrivá una justificación de los costes provocados por las exoneraciones de cotizaciones de los trabajadores mucho más transparente de los datos que a día de hoy han aportado.

Desde UGT han denunciado este jueves que "diversas intromisiones" ponen muchas trabas a que se pueda cerrar un acuerdo satisfactorio para las empresas y los trabajadores, pidiendo que se deje avanzar en la negociación para que no siga una situación de bloqueo que puede tirar por tierra el esfuerzo que en los últimos meses se ha realizado para asegurar la preservación de muchos puestos de trabajo. Otro de los puntos que ha provocado división de opiniones ha sido la eliminación de exoneraciones para la incorporación al trabajo tras el ERTE, uno de los puntos introducidos por Escrivá en los esquemas de ayuda presentados el pasado mes de junio.