¿Ha cometido alguna ilegalidad Begoña Villacís?

La concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid y candidata de la formación naranja a la alcaldía de Madrid en las próximas elecciones municipales, ocultó durante tres años, en las declaraciones a las que le obliga la Ley de Transparencia, la sociedad patrimonial que administraba junto a su marido, según informa el diario ABC. La concejal figuraba desde febrero de 2007 y hasta marzo de 2018 como administradora solidaria de la sociedad patrimonial y profesional Iuriscontencia SL, que creó junto a su esposo, el abogado Antonio Suárez-Valdés, explica el diario.

Esto implica que Begoña Villacís, que fue elegida concejal en 2015, no informó hasta 2018 de su cese como administradora de la sociedad, una actividad que no figura en sus declaraciones de los tres años anteriores, como establece la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

La sociedad patrimonial o también conocidas como entidades patrimoniales, son sociedades -mercantiles o civiles- que tienen la finalidad de gestionar un patrimonio de forma exclusiva o casi exclusiva. Se distinguen por tanto de otro tipo de sociedades porque no realizan actividades económicas. Es decir, no venden ni compran en el mercado como comerciantes, simplemente gestionan un patrimonio. Por sus características pueden ser interesantes para determinados autónomos, empresarios o incluso familias que quieran gestionar su patrimonio.

¿Son legales? Pues depende, existen sociedades que no están pensadas ex profeso para eludir impuestos, pero que se utilizan algunas veces con ese fin. "Consistiría el fraude en el caso de usar esa figura por el simple hecho de tapar", recalcó en su día la Ministra de Hacienda cuando salió a la luz otro caso de político con sociedad patrimonial, el del titular de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque.

Puede que no se le pueda atribuir delito, pero si falta de coherencia en una política que, por encima de todo, demandaba transparencia. Cómo leemos en ABC "esta licenciada en Derecho declaraba en una entrevista en 2015 que el mayor problema que tenía el Ayuntamiento madrileño era la transparencia" y pedía "transparencia porque a ella va ligado todo lo demás: la contratación pública, los gastos superfluos, el IBI... Si las paredes del Ayuntamiento son de cristal, todo viene detrás".

Precisamene en mayo de 2015, días antes de que tomara posesión de su acta de concejal, su marido inscribió en el Registro Mercantil una declaración de unipersonalidad de la sociedad, de forma que la concejala traspasaba su parte de la empresa a su esposo, pero continuó como administradora solidaria, lo que le obligaba a reflejarlo en su declaración de bienes y actividades.