La mesa de diálogo entre Gobierno y Generalitat se reunirá mensualmente alternando Madrid y Barcelona

Pedro Sánchez, Quim Torra y sus respectivos equipos de trabajo han departido durante unas tres horas en La Moncloa este miércoles por la tarde

Redacción digital

Madrid - Publicado el - Actualizado

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Gobierno y Generalitat han acordado este miércoles celebrar reuniones mensuales de la mesa de diálogo, alternando Madrid y Barcelona como sedes. Otra de las conclusiones de la primera reunión, encabezada por Pedro Sánchez y Quim Torra en La Moncloa, es que habrá un grupo de trabajo por cada delegación, a los que presidentes y vicepresidentes se incorporarán cuando sea necesario ratificar "acuerdos políticos". Además, los acuerdos adoptados en la mesa serán "en el marco de la seguridad jurídica".

Barcelona acogerá en marzo la próxima reunión de la mesa de diálogo, con las primeras bases de esta plasmadas en un comunicado conjunto que ha hecho oficial el Gobierno.

Fuentes del Ejecutivo han informado del fin de la reunión a pocos minutos de las ocho de la tarde y tan solo veinte después de informar de que se había producido un receso y el encuentro iba a continuar.

En la víspera de la reunión en Moncloa, la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, restó importancia al perfil de los integrantes de la mesa designados por la Generalitat de Cataluña, entre los que hay personas que no son miembros del Gobierno catalán e, incluso, un investigado por el referéndum del 1 de octubre.

"Lo importante es sentarse", zanjó Calvo, que aseguró que no es requisito para ese diálogo que ambas delegaciones sean "paritarias" y valoró que estén encabezadas por ambos presidentes, Pedro Sánchez y Quim Torra.

 La vicepresidenta insistió en que se parte de posiciones "antagónicas" porque el Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos está en la "antítesis" de las posiciones independentistas.

Pese a ello y en la víspera de la reunión, el propio Sánchez envió un mensaje a sus socios de ERC para que apoyen los próximos presupuestos con el fin de que el Estado pueda saldar la deuda acumulada tanto con Cataluña como con otras comunidades autónomas.

"Este Gobierno quiere cumplir con Cataluña, como quiere cumplir con todos y cada uno de los pueblos de España. Lo único que pedimos es que nos dejen cumplir. Luego nos podrán reprochar si hemos cumplido o no", aseguró el jefe del Ejecutivo en el Senado.

 

La postura del Govern

Desde la Generalitat, la portavoz del Govern, Meritxell Budó, garantizó que tanto JxCat como ERC acuden a la mesa con "unidad de acción" y sin pretender hacer "dos negociaciones en paralelo".

Budó adelantó, eso sí, que la comitiva que encabezará Torra planteará su receta para resolver el conflicto catalán: ejercicio del "derecho de autodeterminación", amnistía para los encausados por el procés y "fin de la represión".

La delegación catalana intentará sacar también la incorporación al diálogo de la figura del "mediador" y de los "presos políticos y exiliados" en la mesa de negociación.

Capacidad de "empatía" es lo que reclama uno de los integrantes del Gobierno central que estará en próximas reuniones de la mesa, el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias.

En línea con lo adelantado por Carmen Calvo, el líder de Podemos reclamó respeto con la delegación que ha designado cada parte y adelantó que la tarea de la mesa "va a ser larga" y que sus miembros van a tener que emplearse "a fondo durante mucho tiempo" para "plantear soluciones" a un conflicto que ha hecho mucho daño tanto a Cataluña como al resto de España.

Por contra, tanto el PP como la CUP expresaron sus reticencias a la mesa. La portavoz del grupo parlamentario popular, Cayetana Álvarez de Toledo, denunció que lo que busca la mesa de diálogo es "blanquear a los delincuentes y al Gobierno" y pidió que se desconvoque por ser una "afrenta a la Constitución y a los constitucionalistas de Cataluña.

Desde el PP de Cataluña, el líder del PPC, Alejandro Fernández, cuestionó que la mesa vaya a tener alguna utilidad y consideró que será un mero "instrumento" al servicio de la guerra electoral entre los dos socios de Govern, JxCat y ERC.

Por su parte, la CUP está convencida de que no llevará a Cataluña "a un escenario que ponga fin a la represión del Estado" contra el independentismo catalán y conduzca a la amnistía para todos los "represaliados políticos".