El Gobierno amplía el bono social y obliga a informar antes de los cambios de contrato

El Gobierno ha ampliado el bono social a las puertas del invierno para ayudar a los consumidores más vulnerables, ha elevado el mínimo del bono social térmico para calefacción de 25 a 35 euros, y ha impuesto a las comercializadoras la obligación de comunicar con un mes de antelación cualquier cambio en el contrato.

Con las nuevas medidas aprobadas este martes en un real decreto-ley por el Consejo de Ministros, los consumidores vulnerables acogidos al bono social tendrán hasta el 31 de marzo un descuento en la factura (que tienen que hacer las eléctricas) del 60 % en lugar del 25 % habitual, y del 70 % en lugar del 40 %, si está considerado vulnerable severo.

Para abonar la ayuda para gastos de calefacción y agua caliente sanitaria que de manera excepcional se da este invierno, el Gobierno ha ampliado la cuantía mínima que se da por el bono social térmico (25 euros de una sola vez) a 35 euros, cantidad equivalente al coste de dos bombonas de butano.

Según el Gobierno, la cantidad media que se va a percibir por el bono térmico, que llega hasta 124 euros, será este invierno de 90 euros por familia.

La ampliación del bono social, descuento en la factura de la luz que tienen actualmente 1,2 millones de hogares, se hace ante la previsión de que los precios de la electricidad se mantendrán elevados hasta la primavera.

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha indicado que con las medidas aprobadas este martes los consumidores con derecho al bono social quedan bien cubiertos, "incluso en estas circunstancias tan duras que viven este invierno", si bien ha reconocido que, al tener una tarifa indexada al precio del mercado mayoristas, son los que pueden sufrir una subida con respecto a la media que pagaron en 2018.

En el real decreto-ley se incluyen otras medidas, como la obligación de que las comercializadoras informen un mes antes de su intención de modificar un contrato (ahora pueden informar después de hacerlo pero no más tarde un periodo de facturación).

Otra de las obligaciones nuevas para las comercializadoras es la de remitir a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) información actualizada sobre los precios de las ofertas disponibles en todo momento, incluidas las condiciones relacionadas con la terminación de los contratos.

La aprobación del real decreto-ley ha coincidido con la prórroga del denominado "escudo social" hasta el próximo 28 de febrero, con lo que los desahucios de inquilinos y los cortes de suministros básicos (agua, luz, gas) por impago siguen prohibidos hasta esa fecha.

EL GOBIERNO PRECISA CÓMO MINORARÁ BENEFICIOS A ELÉCTRICAS

El real decreto-ley aprobado este martes se ha aprovechado para precisar cómo se va a hacer la minoración de beneficios prevista en el real decreto-ley en septiembre a las centrales de generación que no soportan los costes del gas repercutidos en el mercado mayorista pero sí se benefician de los altos precios.

La minoración no afectará a la energía producida por las instalaciones cubiertas con algún instrumento de contratación a plazo cuando el precio de la cobertura sea fijo, se haya contratado antes de la promulgación del real decreto-ley de septiembre o cuando tenga una cobertura superior a un año, si se firma posteriormente.

Los productores tendrán que remitir una declaración responsable y documentación acreditativa sobre la energía cubierta por instrumentos de contratación a plazo, y la inexactitud o falsedad de esta se considerará infracción muy grave.

Esa minoración de beneficios ha sido criticada fuertemente por el sector eléctrico, que cifra su impacto en mil millones al mes, en especial por Iberdrola, cuyo presidente, Ignacio Sánchez Galán, instó al Ministerio a corregir errores cometidos por falta de información.

La ministra le ha contestado este martes y ha dicho que "cada cual hablemos de lo que conozcamos más que dar lecciones a los demás", al tiempo que ha animando a las empresas que se han manifestado dispuestas a extender, ampliar y mantener los contratos existentes "tal y como se acordaron", a que lo hagan.

RENOVABLES CON RETRIBUCIÓN FIJA Y PRECIOS

La ministra ha deslizado también en la rueda de prensa su intención de abrir un diálogo con los productores de renovables, cogeneración y energía con residuos, que tienen garantizada por ley una retribución fija, pero que venden también electricidad al precio del mercado mayorista y cobran el precio de la energía más cara.

La ministra ha dicho que, respetando la rentabilidad razonable o retribución fija que perciben, se buscaría que dieran acceso a un volumen de electricidad adicional a costes muy por debajo de los del mercado mayorista.

El real decreto-ley aprobado hoy introduce, asimismo, una obligación para que las compañías informen periódicamente a la CNMC acerca de los instrumentos de contratación a plazo de electricidad, tanto físicos como financieros, que tengan rubricados entre las sociedades del mismo grupo empresarial (algo de lo que no era frecuente informar) o con terceros.

La ministra ha indicado también que se ofrecerá a las comercializadoras independientes, acuciadas por problemas de liquidez y con los avales con que tienen que responder ante los organismos supervisores, liquidez a través del ICO, y la CNMC y el operador del mercado, OMIE, reducirán las obligaciones y ajustarán los plazos de los avales.

Se amplía también en un año el plazo para que las industrias electrointensivas contraten al menos un 10 % de su consumo por la dificultad para firmar contratos bilaterales de energía renovable en este momento.