El Gobierno no recurrirá la declaración del Parlament por ser una "decisión política"

El Gobierno no recurrirá las resoluciones de ayer del Parlament que reivindican la jornada del 1-O y la legitimidad de Carles Puigdemont como candidato a la Presidencia de la Generalitat al entender que se trata de una mera declaración política sin consecuencias jurídicas ni frente a terceros. Así lo ha explicado el ministro de Justicia, Rafael Catalá, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha incidido en que "hasta el momento" la Abogacía General del Estado no ha elaborado ningún informe que señale "rasgos de ilegalidad" en los últimos acuerdos del Parlamento catalán.

Ha añadido que el Gobierno no pretende estar en "una actividad de impugnación permanente" y ha incidido en que la posibilidad de presentar recursos judiciales se estudia cuando se estima que hay actos que violan del marco normativo. Pero no, ha subrayado, cuando se produce una "estricta" declaración política que carece de consecuencias jurídicas y de efectos frente a terceros.

Catalá entiende que ese es el "criterio de decisión" para impugnar o no las resoluciones y que, por tanto, no hay indicios de ilegalidad en las últimas aprobadas por el parlamento catalán. "No pretendemos estar en un actividad de impugnación permanente, sino de aquellas resoluciones o disposiciones que tengan efectos frente a terceros y que, por tanto, sean susceptibles de impugnación constitucional o contencioso administrativa", ha insistido, y ha concluido: "Esta de ayer, por lo menos hasta donde yo sé, no tiene esas características en este momento". 

ESTRUCTURAS PARALELAS

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha asegurado a su vez que crear cualquier tipo de estructura paralela del Govern o el Parlament en Bruselas "es imposible" y no tendrían "ninguna efectividad" ni habrá tampoco "ni un euro" del erario público para sufragarlas. Méndez de Vigo ha confiado, además, en que tendrán "nulo eco" las reclamaciones del expresidente Carlos Puigemont ante organismos internacionales y ha insistido en que las únicas instituciones de una comunidad son las que establece la Constitución y el Estatuto y cualquier otra es "una fantasmagoría". Así, ha afirmado que la creación de este tipo de organismos, como una Asamblea de Representantes de la República, radicada en Bruselas para actuar en paralelo al Parlament, "son puras irrealidades" y ha asegurado que el Gobierno va a defender en todo momento "la realidad" que es la de la legalidad institucional.

Sobre las reclamaciones que Puigdemont presentará a nivel internacional, como ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU para denunciar la presunta "violación" de sus derechos por parte del Estado español, Méndez de Vigo ha dicho que si algo ha quedado claro es el "nulo eco" de sus peticiones anteriores. A su juicio el eco que pueda tener "una persona que se ha fugado de su país para no hacer frente a sus responsabilidades va a ser ninguno, como ha sido hasta la fecha".

Méndez de Vigo también ha asegurado que el Gobierno no está dispuesto a aceptar "ninguna farsa" sobre la investidura de un nuevo presidente catalán, y que cualquier pretensión de "gobernar a tiempo parcial" porque el candidato esté en prisión o fugado de la justicia "no se tiene en pie" y no se va a consentir. De esta manera se refería a la propuesta de Jordi Sánchez, que se encuentra en prisión provisional, como candidato a la Presidencia de la Generalitat, aunque ha recordado que la decisión sobre si podrá acudir o no al pleno de investidura corresponde al juez.

En este mismo sentido se ha manifestado el ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien ha asegurado que el Gobierno estará atento a lo que decida el juez y será "absolutamente respetuoso" con esa decisión, aunque no se trata solo de participar en la investidura, sino de que pueda ejercer sus responsabilidades como presidente. "Parece sorprendente que al frente de una responsabilidad como presidente de todos los catalanes pueda estar alguien en prisión provisional", ha apuntado Catalá, algo que puede no estar fuera del derecho pero "sí de la lógica y del sentido común", ha afirmado.

Por eso, ha dicho que el Gobierno estará atento a la actuación del Parlament y si no cumple con la Constitución, el Estatuto o las resoluciones del Tribunal Constitucional, el Ejecutivo actuaría "en consecuencia". Ha insistido en que si el juez no permite la asistencia de Sánchez el pleno de investidura, esta no puede llevarse a cabo ni por una tercera persona ni con ausencia del candidato en la sede parlamentaria.