Las verdades sobre el independentismo catalán que han enfadado a Torra

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha dado instrucciones a los servicios jurídicos del Govern para que estudien medidas a emprender contra un informe de España Global sobre el "procés", al considerar que "criminaliza" al independentismo antes de que haya sentencia del Tribunal Supremo. Fuentes de la Generalitat han afirmado a Efe que el informe, de 72 páginas, impulsado por la secretaría de Estado de la España Global dirigida por Irene Lozano y que busca contrarrestar el relato del independentismo ante representantes y periodistas extranjeros, "vulnera la directiva europea sobre presunción de inocencia". Además, según las mismas fuentes, el documento "puede suponer una interferencia en el poder judicial, criminalizando el movimiento independentista pocas semanas antes de la sentencia del Tribunal Supremo".

Desde Twitter, Torra ya se hizo eco ayer miércoles de este informe y consideró "gravísimo que este documento infame" dijera por ejemplo que "ha habido sectores que se han radicalizado y se han implicado en actos violentos" y que "ejemplo de ello fue el asedio tumultuario al Departamento de Economía de la Generalitat en Barcelona el 20 de septiembre del 2017".

Desde la Generalitat señalan que pedirán al Gobierno de Pedro Sánchez que explique cuánto ha costado la elaboración de este informe por "si se ha podido cometer un delito de malversación".

¿QUÉ DICE EL INFORME DE "ESPAÑA GLOBAL?

El documento, al que ha tenido acceso Europa Press, incluye un listado de 45 mensajes habituales del independentismo calificados de "fakes" y enfrentados a sus correspondientes "facts" ("hechos"), junto a información detallada sobre los hechos de 2017 y sobre el juicio en el Tribunal Supremo y el sistema judicial español, multitud de datos y una sección de preguntas y respuestas.

Uno de sus 11 capítulos es "El precio que Cataluña paga por el 'procés'", con varios apartados titulados: "Una economía asustada", "Una sociedad enfrentada", "Acoso a los políticos" y "Malos tiempos para la libertad de prensa".

"No fue un referéndum democrático", dice antes de argumentar la falta de garantías del 1-O; "la ley es igual para todos", añade para explicar que un cargo electo pueda ir a prisión. Se trata rebatir que los independentistas sean "presos políticos", que se les acuse por "poner urnas" o que en España no haya "verdadera democracia".

"No es delito plantear la independencia de una comunidad o región sin Estado en España", dice el texto. "Pero sí es delito desobedecer al Tribunal Constitucional, aprobar leyes para derogar la Constitución y el Estatuto de autonomía, celebrar un referéndum ilegal y después proclamar la independencia unilateralmente", señala.

Es más, añade que "tan conscientes de esto eran algunos líderes secesionistas que huyeron de España". De paso, pone como prueba de lo garantista que es el sistema español que no es posible el juicio en ausencia --que sí existe en otros países--.

Entre los efectos del 'procés', sostiene que el 'procés' ha provocado "menos crecimiento económico, más pobreza y más exilio laboral de jóvenes"; cifra en 5,350 las empresas y bancos "que han abandonado Cataluña desde octubre de 2017, afirma que "los periodistas se han convertido en objetivo de los independentistas radicales" y dice que "políticos no independentistas sufren a diario agresiones" y cita a Albert Rivera, Inés Arrimadas y Xavier García Albiol.

Fuentes de España Global consultadas por Europa Press han confirmado que utilizan este documento, en castellano y en inglés, aunque han señalado que es uno de los muchos materiales que se enmarcan en su labor de información para hacer frente a las amenazas a la reputación de España.

LOS DÍAS 6 Y 7 DE SEPTIEMBRE NO FUERON "SIMBÓLICOS"

Mientras el relato independentista pone el foco en el 1-O y en los enfrentamientos con la Policía, que causaron gran impacto fuera de España, el documento hace una larga cronología --desde la Diada de 2012-- y hace hincapié en el 6 y el 7 de septiembre de 2017, cuando el Parlament aprobó no un "acto simbólico" sino dos leyes que derogaban en Cataluña la Constitución y el Estatuto y que se publicaron en el Diario Oficial.

No obstante, no elude el 1-O, sino que explica que "los excesos policiales son contrarios a la ley" y que los dilucidarán los tribunales, donde hay 33 agentes imputados "por un presunto uso excesivo de la fuerza".

En todo caso, señala que no hubo más de mil heridos, sino tres ingresados en hospitales; que se difundieron "grandes cantidades de fotografías falsas" y que no toda la resistencia fue pacífica.

En cuanto al derecho de autodeterminación, menciona que los propios expertos del Consejo Asesor para la Transición Nacional creado en 2013 por la Generalitat han reconocido que la ONU solo lo contempla para las situaciones coloniales.

Así, explica que ninguna Constitución occidental reconoce ese derecho y que Reino Unido autorizó el de Escocia haciendo uso de la "flexibilidad de una constitución no escrita". Recuerda, de hecho, que en 2016 el Tribunal Constitucional alemán declaró inconstitucional la petición de un referendum en Baviera, y lo mismo el italiano en 2015 para el Véneto.

Señala, incluso, que la Constitución española "prevé mecanismos para su reforma íntegra", mientras que el Tribunal Constitucional italiano dejó claro que un referéndum de independencia no sería posible ni con una reforma.

CINCO RAZONES PARA NO ORGANIZAR UN REFERÉNDUM

El documento da cinco razones por las que el Gobierno no organiza un referéndum, aun sin reconocer el derecho de autodeterminación como hizo David Cameron en Reino Unido, empezando porque "la independencia de Cataluña tendría consecuencias negativas para todos los ciudadanoe españoles", porque "quiere evitar el perjuicio económico que supondría la inevitable salida de Cataluña de la UE".

También, aduce, porque un referéndum "dejaría a Cataluña divida en dos durante mucho tiempo", porque el Goierno cree que "la secesión de Cataluña es un paso en la dirección contraria al espíritu de la integración europea" y, por último, porque "al igual que en la gran mayoría de países del mundo, el Gobierno no tiene potestada para organizarlo sin una reforma constitucional.

El documento desciende al detalle de algunos aspectos y explica que la prisión preventiva deciden los jueces valorando que existe riesgo de fuga y de reiteración delictiva.

HICIERON CREER EN UNA INDEPENDENCIA "INDOLORA"

Es más, sostiene que si parte de la población catalana la considera "abusiva" es porque "uno de los aspectos" en los que ha sufrido desinformación "ha consistido en hacerle creer que la independencia unilateral era posible e indolora", cuando "la realidad nunca fue esa y el Tribunal Constitucional advirtió de la gravedad de los actos hoy procesados desde 2016".

En cuanto a la decisión de los jueces alemanes --que iban a entregar a Carles Puigdemont para ser juzgado solo por malversación--, señala que éstos no conocían "todos los datos del proceso español" y considera su interpretación "prematura y ajena al sentido de la euroorden". Además, esa decisión no vincula a los tribunales españoles ni significa "que esos comportamientos presuntamente delictivos no hayan existido conforme al Código Penal español".

VOX COMO ACUSACIÓN POPULAR

También explica la presencia de Vox como acusación popular, destacando que la figura, aunque es objeto de un "debate importante", pretende que los ciudadanos contribuyan a la administración de Justicia. Añade que, al igual que Vox --a quien en un momento se refiere como "partido conservador"-- podía haberse personado otro partido.

Por otro lado, constata las "discrepancias" entre Fiscalía y Abogacía del Estado, ya que la primera ha acusado a los políticos de rebelión y la segunda de sedición.

Además de explicar la diferencia entre ambos tipos penales --que exista "alzamiento público y violento"-- señala que la discrepancia "obligará al Tribunal a un debate más profundo antes de dictar sentencia" y que es "una garantía más de la independencia de criterio y actuación" de las partes.

El documento justifica la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que "tuvo el efecto de recuperar la legalidad constitucional y estatutaria". Con todo, también dice que "el Gobierno actual del presidente Pedro Sánchez (PSOE) está apostando por un diálogo en Cataluña y por restaurar la convivencia en una sociedad dividida, así como por un diálogo entre el Gobierno central y el Gobierno catalán canalizado a través de los mecanismos constitucionales y estatutarios".