Nueve detenidos por defraudar con el cobro de pensiones de personas fallecidas

Agentes de la Sección de Investigación de la Seguridad Social incardinada en la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, en colaboración con la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, han destapado un fraude de casi 6.000.000 de euros mediante el cobro indebido de pensiones de personas fallecidas. Los agentes han arrestado a nueve de las 46 personas identificadas en 10 comunidades autónomas como presuntas responsables de un total de 53 delitos de falsedad documental, estafa y apropiación indebida. La mayoría de los implicados eran familiares de las personas fallecidas, aunque también se han encontrado casos de amigos o compañeros de vivienda. Para hacerse con el dinero ocultaban el fallecimiento del pensionista a la Administración llegando a falsificar el certificado de fe de vida y estado e incluso la propia firma del difunto, con el objeto de realizar reintegros en efectivo. Uno de los implicados cobró las prestaciones de forma ilícita durante casi 20 años haciéndose pasar por un nonagenario. Para lograrlo aprovechó sus similares características físicas con el difunto, disfrazándose con ropa de persona mayor y utilizando un andador.

La investigación comenzó tras recibir varias denuncias, en diferentes puntos del país, en las que se informaba de posibles fraudes a la Tesorería General de la Seguridad Social. Con las primeras pesquisas se averiguó que eran familiares o amigos de pensionistas fallecidos quienes seguían cobrando de forma ilícita las pensiones de estos.

Avanzada la investigación, los agentes localizaron casos similares en 17 provincias españolas -A Coruña, Albacete, Alicante, Barcelona, Burgos, Cádiz, Las Palmas, Madrid, Málaga, Murcia, Ourense, Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Tarragona, Valladolid y Vizcaya- y cuantificaron casi 6.000.000 millones de euros como cantidad defraudada a la Seguridad Social. Además han identificado a 46 personas como responsables de un total de 53 delitos de fraude a la Seguridad Social, falsedad documental, estafa y apropiación indebida. Entre los motivos más comunes en los que se escudaban las personas que cobraban las prestaciones indebidamente para cometer el fraude están el desconocimiento de su abono -pese a que hacían uso de ese dinero-, necesidades económicas para la subsistencia personal o familiar, o la creencia de que, una vez que el banco había solventado el fraude de los últimos cuatro años, se podía disfrutar del dinero acumulado en los años anteriores.

La mayoría de los defraudadores han resultado ser familiares de las personas fallecidas, aunque también se han encontrado casos de personas cercanas, amigos o compañeros de vivienda de los mismos. Su modus operandi era similar, hacían creer a la Administración que el pensionista seguía con vida con diferentes argucias para conseguir hacerse con los ingresos del mismo de forma irregular. Con el fin de seguir cobrando las mensualidades de las pensiones de las personas fallecidas, los defraudadores falsificaban la fe de vida, la firma del fallecido y documentos mercantiles, además realizaban usurpaciones de identidad, usaban tarjetas de crédito o débito a nombre de los perecidos hasta su caducidad u ocultaban el fallecimiento haciendo creer que el difunto vivía en el extranjero. Además, para no ser descubiertos en su entorno más cercano engañaban a sus allegados sobre la procedencia de los fondos que manejaban.

En la provincia de Albacete se averiguó que un empleado de una entidad bancaria, donde se ubicaba la cuenta del fallecido, habría cobrado de forma ilícita casi 10.000 euros. Para hacerse con el botín aprovechó su posición, realizando reintegros en efectivo en provecho propio desde la muerte del pensionista en 2003 hasta 2017. Otro caso significativo se dio tras una denuncia realizada en la provincia de Madrid sobre una pensionista de origen ucraniano que falleció en 2010, a la cual se le abonó indebidamente la cantidad de 91.926,50 euros durante aproximadamente seis años. Una vez que los agentes analizaron los movimientos bancarios se observaron 209 compras, abonadas a través de una entidad financiera digital, con posterioridad al fallecimiento de la pensionista. Tras todas las gestiones investigativas necesarias se llegó a la conclusión de que la tarjeta bancaria de la pensionista había sido robada por un compatriota compañero de piso, quien a su vez compartía el número de la tarjeta con varios amigos suyos.

En la provincia de Málaga, fue investigado el cobro de más de 129.200 euros por prestaciones indebidas de un pensionista perecido en 1999, y que fueron abonadas hasta el año 2017. Gracias al análisis de la información bancaria se observaron varios traspasos ulteriores al fallecimiento, pudiendo identificar a varios familiares del mismo como responsables de estos hechos.

Los investigados como argucia para poder seguir cobrando la ilícita pensión, aprovechaban el parecido de uno de ellos, que contaba con características físicas parecidas al pensionista, para hacerse pasar por el fallecido. Además, para la extracción de las prestaciones, se caracterizaba vistiendo ropa de persona mayor y portando como complemento un andador que le ayudaba a pasarse por el nonagenario pensionista.

En una gran parte de los casos los agentes han realizado informes patrimoniales de las personas implicadas, con el fin de que los organismos de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social puedan solicitar el embargo de aquellos bienes que considere pertinente, o en su caso que el juzgado que entienda de cada una de las causas pueda utilizarlos con el fin de cubrir las responsabilidades generadas.

En la actualidad los distintos organismos de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social cuentan con nuevas tecnologías que permiten la interconexión telemática entre administraciones. De forma que realizan de forma periódica controles de la fe de vida de los beneficiarios de prestaciones periódicas. Estos avances hacen que muchas de las comprobaciones se realicen en tiempo real, lo cual hace cada vez más difícil a los defraudadores conseguir el cobro indebido de prestaciones.