Calvo no se siente "en abosoluto" desautorizada por el Vaticano

La vicepresidenta Carmen Calvo ha dicho que no se siente "en absoluto" desautorizada por el Vaticano, que ayer emitió un comunicado en el que señalaba que "en ningún momento" se pronunció sobre el lugar donde deben ser enterrados los restos de Franco, mientras que ella anunció que había acordado "trabajar conjuntamente" con la Santa Sede para que no sean inhumados en la Almudena.

A su llegada a la sesión de control del Congreso, Calvo ha sido preguntada en los pasillos de la cámara si se siente desautorizada por el Vaticano: "En absoluto", ha respondido. En su nota, el Vaticano afirma que no se opone a la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos, pero añade que "en ningún momento" se pronunció sobre el lugar donde debe ser enterrado, si bien considera "oportuna" la intención del Ejecutivo de explorar alternativas a la inhumación en la catedral madrileña que desea la familia.

El Gobierno considera que dicho comunicado no contradice el anuncio de Calvo y sostiene que su reconocimiento de que buscar una alternativa a la Almudena es algo "oportuno" lo avala dentro del lenguaje diplomático de la Santa Sede.  Preguntado sobre la misma cuestión, el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, se ha limitado a decir que no cree que el comunicado del Vaticano represente "nada distinto de lo que se conoce ya". Y sobre la posible existencia de dos versiones distintas entre la Santa Sede y el Ejecutivo ha apuntado que supone que hay "diálogo" entre la familia, la Iglesia y el Gobierno y en esta fase inicial "los puntos de vista no son siempre coincidentes".

Por su parte, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha considerado que Calvo se ha expresado "con mucha claridad" sobre los términos de la reunión con el representante de la Santa Sede al contar que había trasladado "una cuestión obvia" como es la preocupación del Gobierno de que se pueden producir "determinadas exaltaciones" que rechaza. Ha recordado que esto se hace en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, que está vigente y que tuvo un amplio respaldo, y cualquier actuación del Gobierno debe de regirse por esa ley.