Casi 3.000 jueces y magistrados cuelgan la toga en huelga "histórica"

Más del 65 % de los jueces y el 52 % de los fiscales han colgado la toga este martes para reclamar mejoras en sus condiciones laborales y la despolitización definitiva de la Justicia en una huelga "histórica", a juicio de las asociaciones convocantes, que ha obligado a suspender miles de diligencias y vistas.

Después de más de un mes de movilizaciones por toda España, las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales han ido de la mano en sus reivindicaciones y el paro ha sido secundado por 3.537 jueces y 1.297 fiscales, según los datos facilitados por las organizaciones pasadas las 18.00 horas.

Según el Consejo General del Poder Judicial (CJPG), 2.916 jueces y magistrados han comunicado a las presidencias de sus respectivos Tribunales Superiores de Justicia su decisión de sumarse a la huelga, el 55,6 % del total (a falta de los datos de Asturias).

Un seguimiento que las asociaciones no dudan en calificar de "éxito" y que ha contado con el apoyo de todos los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia que, pese a no haber secundado el paro por su "posición institucional", se han solidarizado con el sector y con sus "justas y legitimas reivindicaciones".

El titular de Justicia, Rafael Catalá, cuya dimisión han pedido en bloque las asociaciones, se ha dirigido a los medios al inicio de la jornada de huelga para dejar claro que el Gobierno no discute "el fondo" de las reivindicaciones de ambas carreras, sino que se trata de "una cuestión de tiempos" para sacarlas adelante.

El ministro ha recalcado que la mayoría de las demandas se han incluido ya en diversos proyectos de ley que se encuentran en tramitación parlamentaria y ha anunciado la convocatoria formal de la mesa de retribuciones que estudie el régimen salarial tras años sin cambios -una de sus principales reclamaciones-, previsiblemente para principios de junio.

No obstante, jueces y fiscales han expresado su "profundo malestar" con todos los responsables del sector, tanto el Gobierno como los grupos parlamentarios y el CGPJ, por la "dejación y abandono" en el que se encuentra este servicio público.

En un comunicado conjunto leído ante los medios durante los paros han asegurado que la respuesta recibida en los últimos meses de negociaciones de quienes tienen capacidad de aprobar las reformas necesarias "no puede ser más decepcionante".

Las asociaciones han reiterado la necesidad de reforzar la independencia judicial, modernizar la administración de justicia, aumentar su calidad y eficacia y mejorar las condiciones laborales de jueces y fiscales, con una actualización de las retribuciones.

Entre las reclamaciones fiscales destaca la derogación de los plazos máximos de instrucción mientras no haya más medios, atribuir la formación a la Fiscalía General del Estado y reforzar su independencia y autonomía presupuestaria.

De acuerdo con los datos difundidos por el CGPJ, en la mayoría de las comunidades autónomas más del 50 de los jueces han comunicado su adhesión al paro, con casos destacados como Canarias (74,6 %), Murcia (71,8 %) y La Rioja (70 %).

Entre las comunidades con carreras judiciales más numerosas destaca el caso de Cataluña, donde más del 62 % de los jueces ha secundado la huelga, mientras que en Andalucía el seguimiento ha sido del 58,7 % y en Madrid del 48,18 %.

En el Tribunal Supremo se han sumado a la protesta treinta jueces, cerca del 40 % del total de ese organismo, mientras que en la Audiencia Nacional lo han hecho ocho de los 87.

Las asociaciones han lamentado los perjuicios causados a los ciudadanos ante la suspensión de numerosos juicios en todo el país en una jornada para la que el CGPJ no fijó servicios mínimos, en línea con la actuación del órgano de gobierno de los jueces en protestas pasadas al no estar regulado el derecho a la huelga de este colectivo.

Las asociaciones han acusado al Ministerio de Justicia de intentar "boicotear" la huelga al llamar a los secretarios de gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia para que no informaran de los actuaciones suspendidas por los paros.

En un comunicado, el TSJ de Madrid ha explicado que ha hecho un requerimiento formal al secretario de gobierno de ese organismo para que recabar esa información, mientras que el CGPJ se ha limitado a señalar que, aunque solicitó los datos, sólo ha recibido información parcial sobre los asuntos aplazados.

Catalá ha negado interferencias al asegurar que el seguimiento de la huelga lo asume el CGPJ y que su Ministerio no participa en ese proceso de recogida de datos.

El ministro ha confiado en avanzar en las reformas necesarias a través del "diálogo y la concertación".