Caso La Manada: una víctima, cinco acusados, un vídeo y tres magistrados

Tendremos que esperar a las 13.00 horas del jueves 26 de abril para conocer qué pena, de cárcel si los tres magistrados, dos hombres y una mujer, de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra así lo consideran, deben pagar por su violación en grupo los miembros de La Manada.

Cinco meses han esperado los acusados desde que finalizó un juicio que suscitó mucha expectación, varias polémicas como la difusión de imágenes en las redes sociales, cinco horas para un vídeo de 96 segundos, solo una petición de perdón, e incluso mal sabor de boca entre quienes pudieron asistir a las 11 sesiones a puerta cerrada, como contaba en 'La Tarde' una de las pocos testigos que pudieron asistir de forma presencial al juicio.

Cinco acusados que en su última palabra se declaraban "inocentes" y mostraban su confianza en la justicia. En su última intervención, la Fiscalía dio por "acreditado" que los imputados actuaron de forma "conjunta y coordinada", sin el consentimiento de la víctima, que se vio "sometida" y "sin posibilidad" de resistirse.

De igual forma ha considerado probado que también concurrió un delito contra la intimidad por los vídeos que grabaron los acusados, y que todos ellos son culpables del robo del móvil de la joven, acto con el que la dejaron "indefensa".

EL DÍA DE SAN FERMÍN DE 2016

Aquel 7 de julio, una chica de 18 años denunció una violación por parte de cinco jóvenes. Una relación consentida, según José Angel Prenda, Alfonso Cabezuelo, Ángel Boza, Antonio Manuel Guerrero y Jesús Escudero.

Tres de los acusados, José Angel Prenda, Alfonso Cabezuelo y Ángel Boza, tienen antecedentes policiales

Lo que ocurrió en aquel portal de Pamplona quienes mejor lo saben son los acusados y la víctima. Alguna idea tienen los magistrados de la Audiencia de Pamplona que durante cinco horas visionaron el vídeo grabado por uno de los acusados. 96 segundos que fueron analizados fotograma a fotograma para discernir si la joven había dado su consentimiento.

UN GRUPO DE WHATSAPP

El caso es conocido como La Manada por el grupo de Whatsapp que compartían los acusados y en el que uno de ellos, José Ángel Prenda, escribió en la madrugada de los hechos lo que estaban haciendo con la chica y anunciaba “hay vídeo”.  Un grupo de WhatsApp que llevó a la Policía Foral de Navarra a sospechar de que este grupo de cinco amigos habían cometido otra agresión en Córdoba.

YO SÍ TE CREO

Dudas, sembrar dudas, fue desde el principio la intención de los acusados. De hecho entre las pruebas presentadas por sus defensas es una captura de la red social Instagram de la víctima en la que aparece con una camiseta con el lema "Hagas lo que hagas, quítate las bragas".

Sin embargo consiguieron todo una marea a favor de la víctima con un lema: "Yo sí te creo".

Al final siempre hay alguien que se arrepiente, aunque sea a medias, y pide perdón. En este caso fue el Prenda, el primero de los acusados en declarar. Aseguró que la chica no consintió de palabra, y en su defensa añadía que 'hay otras formas de consentir'.

A esto se unía que el audio del vídeo grabado por La Manada demostraba ese no "consentimiento" al que durante el juicio aludían acusados y sus defensas.

DETECTIVES PRIVADOS

El informe realizado por una agencia de detectives contratada por los acusados causó una gran polémica. Informe que finalmente se retiró ya que los detectives habían indagado en las redes sociales de la víctima, sobre todo en perfiles, ya cerrados y sin su consentimiento.

Otra polémica, uno de los acusados, El Prenda, trató de impedir que Ulises Culebro, el ilustrador de Unidad Editorial, que durante el juicio realizó dibujos de lo que estaban viendo sus ojos, pudiera mostrar esas ilustraciones.

ENTRE 22 Y 25 AÑOS DE CÁRCEL

La fiscal pidió 22 años y 10 meses de cárcel para los cinco acusados. La acusación particular y las populares penas de 24 y 25 años, respectivamente. Los abogados de cuatro de los encausados piden la absolución mientras que uno de ellos anunció que pedirá la nulidad del proceso por conculcación de derechos fundamentales.