Claves de la reforma exprés del Código Penal: ¿Qué ha pasado en este último mes?

Finalmente parece que Esquerra se ha salido con la suya: reformar el Código Penal para suprimir el delito de sedición y modificar el de malversación para rebajar las penas y así beneficiar a los políticos independentistas condenados por el procés antes de que acabe el año. A cambio, han facilitado al Gobierno la tramitación de los presupuestos. Y todo esto se ha producido en apenas cuatro semanas.

Pedro Sánchez anunció la reforma del Código Penal el 10 de noviembre, y se registró al día siguiente en el Congreso. La primera votación para aprobarla se celebró el 24 de noviembre y la votación final se producirá este próximo jueves 15 de diciembre en un nuevo pleno extraordinario. Precisamente, la ley ha superado hoy el último trámite antes de esa votación, en la Comisión de Justicia, con un resultado bastante estrecho: 19 votos a favor, 17 en contra y una abstención.

En un principio solo se iba a reformar el delito de sedición, por el cual fueron condenados los políticos independentistas, pero esta modificación exprés ha abierto un melón con el que se van a cambiar, añadir y eliminar delitos y penas de todo tipo en el Código Penal. El Gobierno pretende crear un nuevo delito de enriquecimiento ilícito de cargos públicos con castigos de hasta tres años de prisión, o rebajar las penas por la malversación “política”, o administración desleal, de doce a cuatro años de prisión. Además, se propone una pena de tres años para los casos de malversación sin ánimo de lucro y se cambiarán las mayorías para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional, de tres quintos a mayoría simple.

La intención del Gobierno es que esta reforma del Código Penal entre en vigor lo antes posible. Se prevé que llegue al Senado este mismo viernes, horas después de que reciba la aprobación final en el Congreso. Es bastante probable que el 22 de diciembre reciba el sí definitivo, porque no se espera que salga adelante ninguna enmienda en la Cámara Alta.

La oposición en pie de guerra

La rapidez en la tramitación ha levantado ampollas entre los partidos de la oposición. El Partido Popuar ha reclamado a la Mesa del Congreso que frene la tramitación urgente de la ley, que se pidan informes a los órganos consultivos (Consejo General del Poder Judicial, Consejo Fiscal y Consejo de Estado) y que la Mesa de la Comisión de Justicia rechace las enmiendas relacionadas con el cambio de mayorías para la elección del Tribunal Constitucional. Incluso Junts, partido independentista que seguramente se verá beneficiado por la reforma, ha criticado que se ha “hurtado” el debate con esta velocidad de tramitación. También Joan Baldoví, de Compromís, ha considerado que se necesitaba más tiempo para esta reforma legal.

También hay reticencias entre los socios de la coalición. Bildu se ha abstenido y ha esquivado participar en la reforma penal. Incluso Podemos, que finalmente ha apoyado los cambios, pero con muchas dudas y ha evitado formar parte de la negociación de la malversación. Todo lo contrario a ERC, principales ganadores de la reforma. Lo último es que han presentado su nueva hoja de ruta hacia un nuevo referéndum de independencia.

En este sentido, el PP ha acusado al PSOE de “tender un puente de plata a Junqueras para que sea candidato a la Generalitat”, en referencia a que, con esta reforma legal, no habría impedimento para que se presentara en 2025. Cuca Gamarra ha criticado duramente la celebración del pleno extraordinario de este jueves porque, según la secretaria general de los populares, pisotea todas las garantías del proceso legislativo y los derechos de los diputados al haberse tramitado tan rápido: en menos de un mes y sin contar con informes de los órganos consultivos ni comparecencias de expertos que permitieran un debate con plena información. Gamarra se ha mostrado de acuerdo con las críticas de Emiliano García-Page a la reforma del Código Penal, pero también le ha pedido que pase de las palabras a los hechos y que los nueve diputados del PSOE por Castilla-La Mancha se opongan a la ley en la votación de este jueves.