Consenso del Gobierno y CCAA sobre Plan agrario español. La petición de los eurodiputados
Los eurodiputados españoles han coincidido en que esperan que con el desarrollo del Plan Estratégico Nacional español se mejore.
Madrid - Publicado el - Actualizado
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Por parte de eurodiputados españoles como Clara Aguilera (PSOE), Juan Ignacio Zoido (PP) y Eugenia Rodríguez (UP), se espera que el Gobierno del presidente Pedro Sánchez trabaje para conseguir de forma rápida el consenso de todas las comunidades autónomas (CCAA) sobre el Plan Estratégico Nacional (PEN) necesario para aplicar la nueva Política Agrícola Común (PAC).
Los tres eurodiputados han participado hoy en un foro sobre la PAC para el periodo 2023-2027 organizado por la Oficina del Parlamento Europeo en España, en el que han coincidido en la necesidad de que el debate del PEN con las comunidades autónomas no se politice.
España tiene que presentar el Plan Estratégico Nacional ante la Comisión Europea (CE) antes de 2022.
La directora de la Representación de la Comisión Europea (CE) en España, María Ángeles Benítez, ha considerado "importante" que el plan agrario de España sea "muy consultado y debatido" durante su elaboración.
Zoido, por su parte, ha afirmado que "su negociación ha de pivotar en torno al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, sin interferencias de la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, o del vicepresidente de la CE, Frans Timmermans".
Aguilera se ha mostrado confiada en conseguir un acuerdo sobre el PEN entre las diferentes regiones, "sean del color político que sean", y para ello les ha recomendado que miren por "los intereses generales" para la agricultura y ganadería de España, "como hacemos en el Parlamento Europeo", aplicando el "sentido común".
Los países de la UE llegaron a un acuerdo sobre los reglamentos de la PAC para el periodo 2023-27 el pasado 25 de junio.
Los eurodiputados españoles han coincidido en que esperan que con el desarrollo del Plan Estratégico Nacional español se mejore, aunque a su juicio, el acuerdo alcanzado no es malo, aunque no les satisface al completo.
Por su parte, la eurodiputada de Unidas Podemos ha calificado de "continuista" la nueva PAC, aunque también ha puntualizado que su evaluación no es negativa.
Rodríguez ha pedido que el tope máximo de ayudas por explotación (capping) no sea obligatorio en España y con un límite de 60.000 euros, a la vez que ha criticado la "excesiva flexibilidad" que se ha propuesto en la aplicación de ecoesquemas, sobre todo los ligados a la industria alimentaria.
En su intervención, se ha mostrado a favor de que se articulen medidas para la reciprocidad en las condiciones sociales y ambientales de las importaciones agrícolas de países terceros, y ha puesto como ejemplo las dificultades que atraviesa el sector del tomate europeo.
El eurodiputado popular ha considerado, por su parte, que la nueva PAC "es la menos mala" tras su larga negociación, y de ella ha criticado que cuente con "menos dinero" y con una "excesiva burocracia".
"Pido a Planas que actúe con mucha transparencia y que consiga que ninguna comunidad autónoma tenga recortes, para que la nueva PAC no suponga para los agricultores españoles una auténtica revolución y siga manteniéndose su modelo agrícola", ha afirmado.
Aguilera se ha mostrado contraria con que la nueva política agrícola comunitaria deje en manos de los planes nacionales la definición, por ejemplo, de figuras como el agricultor activo, ya que los diferentes PEN de los Estados miembro podrían entrar en colisión en el mercado único europeo.
Ha apoyado que España incluya el tope máximo de ayudas hasta un máximo de 100.000 euros por explotación y que la condicionalidad social obligatoria a partir de 2025, no suponga más papeleo para el agricultor.
Aguilera y Zoido consideraron necesario que además de las aspiraciones ambientales, las actuaciones y ayudas sirvan para mantener la competitividad y la rentabilidad de las explotaciones españolas, con avances en la innovación.
Ambos han coincidido en su total rechazo a la aplicación del modelo Nutriscore en el sistema de etiquetado de los alimentos y bebidas españoles por considerar que su algoritmo no es el adecuado para productos como el vino o el aceite.