El Defensor del Pueblo: "La libertad de expresión no puede justificar el adoctrinamiento en la educación"

El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha asegurado este miércoles que su institución ha recibido 28 quejas sobre adoctrinamiento en centros educativos catalanes en el curso 2017-18 y ha recordado que el objetivo fundamental de la educación es "enseñar a pensar" pero no decir "lo que pensar".

El Defensor ha sostenido en su comparecencia ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo en el Congreso que el volumen de quejas no es "particularmente significativo", ya que son más de 3.000 los centros de enseñanza pública en Cataluña.

"Si tenemos en cuenta que son cerca de 800 los centros públicos que imparten Educación Secundaria y 2.400, Infantil y Primaria, parece evidente que en términos relativos el número de quejas no es significativo", ha reflexionado.

Sin embargo, durante su intervención para informar, entre otros asuntos, sobre las denuncias que ha recibido en materia de adoctrinamiento ideológico en centros de Cataluña -a petición de Ciudadanos-, Fernández Marugán ha matizado que "aunque fueran muy contados los casos de supuesto adoctrinamiento" su existencia "debería preocuparnos a todos extraordinariamente".

Las 28 quejas enviadas por ciudadanos catalanes fueron puestas en conocimiento del Ministerio de Educación y de la Consejería de Enseñanza de Cataluña y hacían referencia a centros públicos ubicados en Villafranca del Penedés, Manresa, Sant Andreu de la Barca, Premiá de Mar, Badalona y Santa Coloma de Gramanet.

Las denuncias son de dos tipos: unas tenían un grado de concreción "muy bajo o inexistente" y carecían de base para iniciar actuaciones y otras se referían a conductas concretas "cuya descripción podría resultar indiciaria de la existencia de posibles casos de adoctrinamiento en el ámbito educativo", según matiza la institución en un comunicado.

En estas últimas se mencionaba al autor de adoctrinamiento y dónde y cuándo se produjeron, y con ellas se iniciaron actuaciones en noviembre de 2017, ya aplicándose el artículo 155 de la Constitución.

Los contenidos de las quejas hacían referencia, por ejemplo, a incitar a los estudiantes a manifestarse contra la detención de representantes de Ómnium Cultural y la Asamblea Nacional de Cataluña; llevar a los alumnos ante una comisaría de Policía para lanzar proclamas de carácter independentista y en contra de la Policía Nacional.

También hay quejas sobre requerir autorización de los padres para la participación de sus hijos en la huelga educativa del 28 de septiembre; o que se permitía a una profesora que reuniera a todos los alumnos del centros para explicarles que la Policía Nacional había coartado la democracia en Cataluña.

Adoctrinar al alumnado del centro en contra de la Policía Nacional, la Guardia Civil y el Estado español es otro argumento de las quejas, así como inculcar a los alumnos de forma reiterada por algunos profesores su ideología nacionalista.

Otra queja es la de manifestar a los alumnos en clase que la Policía y la Guardia Civil les harían daño si los vieran, al igual que hicieron el día de las votaciones, que pegaron a niños y personas mayores.

Según el Defensor, el pasado abril el Ministerio les envió un escrito en el que se informaba que el departamento de Enseñanza de la Generalitat, en octubre de 2017, consideraba que en las fechas y centros docentes citados "se produjeron manifestaciones promovidas por el alumnado que contaba con autorización paterna".

Se añadía que "las actuaciones descritas no fueron organizadas o promovidas por los directores o docentes de los centros educativos".

Dicha respuesta la firmaba la entonces consejera de Enseñanza, Clara Ponsatí.

El Ministerio también envió al Defensor otras respuestas en noviembre de 2017 (con el 155) por el secretario general del Departamento de Enseñanza catalán, donde se relativizaban los hechos, manifestando "irrelevancia punitiva de los hechos descritos en el requerimiento".

El informe del Ministerio es "claramente insuficiente" para el Defensor, pues no valora la actuación de la Administración educativa de Cataluña "ni aporta datos sobre las actuaciones inspectoras, supervisoras y de control que hubieran podido y debido efectuarse".

El Defensor, que ha especificado que las quejas se formularon antes de los lazos amarillos, ha dicho que "en fechas recientes" ha recibido cuatro nuevos escritos sobre adoctrinamiento -remitidos por diputados, asociaciones catalanas y un sindicato de funcionarios- y que se están estudiando.

Fernández Marugán ha reconocido que la "difícil situación política que se vive en Cataluña" se ha trasladado más allá del ámbito político, también al educativo, y ha pedido que no se contamine el principio de pluralidad que debería estar presente siempre en los centros educativos.

A su juicio, la libertad de pensamiento o de cátedra no pueden justificar actos de adoctrinamiento en la educación porque el pluralismo ha de ser su valor superior y "quien adoctrina es un doctrinario que no admite discrepancia".