El error garrafal de Podemos sobre el derecho a la información con el que legitiman los ataques a periodistas

No era la primera vez que los dirigentes de Podemos cargaban contra los medios de comunicación críticos con la formación, pero el pasado sábado Pablo Echenique encendió la mecha al arremeter contra el periodista Vicente Vallés a través de Twitter. Mediante un vídeo de poco más de un minuto de duración y titulado ‘Los grandes momentos de Vicente Vallés contra Podemos’, el portavoz de los morados en el Congreso cargó duramente contra el presentador, del dijo que "le produce sarpullido que las cloacas no consiguieran su objetivo y Unidas Podemos esté en el Gobierno". "Está en su derecho, pero que no lo llamen informativos", apostilló.

Lejos de retractarse, en la sala de ruedas de prensa del Consejo de Ministros del Palacio de la Moncloa, en representación del Gobierno, el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, no solo justificó los ataques a la Prensa, sino que pidió "naturalizar" el insulto en las redes sociales a los periodistas y a personas públicas.

"Hay que naturalizar que en una democracia avanzada, cualquiera que tenga presencia pública o cualquiera que tenga responsabilidad en una empresa de comunicación o en la política, lógicamente están sometidos tanto a la crítica como al insulto en las redes", expresó el vicepresidente.

Unas declaraciones que han sido censuradas por las asociaciones de la prensa, que las han calificado de "intento de intimidación absolutamente rechazable e intolerable".

Juan Carlos Monedero, que fue uno de los fundadores de Podemos, también salió en defensa de su partido manifestando en un mensaje publicado en su cuenta oficial de Twitter, dirigido a los "periodistas", que "la libertad de prensa pertenece a la ciudadanía, no a las empresas de comunicación ni a los periodistas. Se delega si trabajas con objetividad, no cuando eres parte de las cloacas. La libertad de cátedra no nos pertenece a los docentes. Pertenece a la sociedad".

Unas declaraciones que parecen confirmar que el exdirigente de Podemos desconoce el ordenamiento jurídico a pesar de que es profesor en la Facultad de Ciencias Políticas de la UCM.

Y es que, el derecho a la libertad de información, reconocido en el artículo 20 de la Constitución y regulado en la LO 2/1984 de derecho de rectificación, corresponde a todas las personas como ha dispuesto el Tribunal Constitucional (por ejemplo, STC 6/1981), ya sean jurídicas, como las empresas dedicadas a la información y a la comunicación que facilitan el ejercicio del derecho de recibir información veraz, o físicas.

El requisito para el ejercicio del derecho es que la información sea veraz. Y es ahí donde este derecho se diferencia del derecho a la libertad de expresión, pues afecta más directamente a los profesionales de la información y a las empresas informativas.

Y es que, el legislador y el Tribunal Constitucional han establecido un específico deber de diligencia al informador, a quien se le exige que lo que transmita como hechos haya sido objeto de previo contraste, quedando fuera los rumores o invenciones. En el caso de que no se cumpla este deber de diligencia, se vulnera el derecho de todos a la información cierta.

Por tanto, la información debe ser libre, sin que pueda aplicarse ningún tipo de censura, de interés público, verificable, objetiva, neutral, plural y veraz. Una regulación que los dirigentes de Podemos no deben olvidar.