La Fiscalía ve delito de odio en las acusaciones de Ortega Smith contra las Trece Rosas
La asociación Trece Rosas y dos sobrinos de una de las mujeres fusiladas decidieron querellarse contra el secretario general de Vox
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La Fiscalía General del Estado ha remitido un informe a la Sala Segunda (de lo Penal) del Tribunal Supremo en el que considera que el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, debe ser investigado por un posible delito de odio por sus palabras sobre las conocidas como 'Trece Rosas'.
En concreto, Ortega Smith afirmó en una entrevista en TVE que durante la Guerra Civil hubo crímenes de ambos bandos y que las mujeres conocidas como las 'Trece Rosas', fusiladas durante la contienda, "torturaban, asesinaban y violaban vilmente" en las 'checas' de Madrid.
Según el fiscal de Sala especialista en delitos de odio, Alfonso Aya Onsalo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) recuerda en su sentencia de 6 de julio de 2006 que es de vital importancia que los políticos, en sus discursos públicos, eviten difundir palabras susceptibles de fomentar la intolerancia, generando un sentimiento lesivo para la dignidad de los aludidos y un riesgo para los derechos de terceros y el sistema de libertades.
Al ser diputado en el Congreso, Ortega Smith está aforado, de modo que sólo el Tribunal Supremo puede investigarle, después de que la Asociación Trece Rosas Asturias o la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica le denunciasen a raíz de que el dirigente de Vox se negara a retractarse de sus palabras en el acto de conciliación en el Juzgado de Primera Instancia número 40 de Madrid.
La Asociación Trece Rosas Asturias y los sobrinos de una de las jóvenes, Dolores Conesa, pedían que Ortega Smith se retractara a través de una publicación en televisión, el pago de una indemnización por importe de 10.000 euros que serían donados a un colectivo relacionado con la memoria histórica, así como cinco días de trabajos de exhumación de víctimas de la Guerra Civil y el franquismo.
El secretario general de Vox se negó y la juez del caso buscó una solución intermedia que los demandantes aceptaron, unas disculpas públicas, pero Ortega Smith propuso una matización de sus palabras y no una rectificación, por lo que finalmente no hubo acuerdo.