Una jueza de Granada paraliza el regreso del hijo de Juana Rivas a Italia con su padre que tiene la custodia

El Juzgado de Instrucción número 4 de Granada, en funciones de guardia, ha acordado este martes la suspensión provisional de la orden emitida por la justicia italiana que obligaba al hijo menor de Juana Rivas a regresar a Italia con su padre, Francesco Arcuri, quien tiene la custodia del niño. Esta decisión suspende temporalmente la restitución del menor, prevista para este miércoles 8 de enero, tal y como había ordenado la Corte de Apelación de Cagliari, equivalente a una audiencia provincial en Italia.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la medida fue solicitada tanto por la Fiscalía de Granada como por los abogados de Juana Rivas, con el objetivo de proteger al menor, que tiene diez años. La juez de guardia tomó la decisión tras escuchar al niño en una exploración celebrada en las dependencias judiciales. En esta sesión, el menor relató su versión de los hechos, aportando detalles que han reforzado la necesidad de suspender la restitución cautelarmente.

El caso tiene un trasfondo complicado y prolongado, pues la madre, Juana Rivas, ha vuelto a denunciar en varias ocasiones a su expareja, Francesco Arcuri, por presuntos malos tratos. La última vez fue durante las vacaciones de Navidad, cuando el niño viajó a España el 22 de diciembre con un permiso especial para pasar unos días con su madre y su hermano, quien vive con ella desde que alcanzó la mayoría de edad.

De acuerdo con el equipo jurídico de Rivas, el menor ha expresado su temor a regresar a Italia debido a los supuestos episodios de malos tratos que habría sufrido a manos de su padre. Este relato ha sido fundamental en la decisión tomada por la jueza, que ha dado prioridad a la protección del niño. Aunque la denuncia por maltrato presentada por la madre está actualmente archivada, el archivo no es firme, ya que está siendo recurrido en reforma ante el propio Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Granada, lo que añade complejidad a la situación.

Tras tomar la decisión, la jueza se ha inhibido en favor del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Granada, que deberá decidir si tiene competencia para asumir el caso, ya que en su jurisdicción ya figura la denuncia por malos tratos presentada por Juana Rivas. Este tribunal será el encargado de valorar en qué medida los hechos denunciados por la madre y el testimonio del menor afectan a la custodia y al bienestar del niño.

Este giro judicial se produce en un contexto marcado por la conocida batalla legal de Juana Rivas contra Francesco Arcuri. En el pasado, Rivas fue condenada a cinco años de prisión por dos delitos de sustracción de menores tras desaparecer con sus hijos en 2017, evitando que regresaran con su expareja, al que había denunciado por maltrato. Aunque la condena fue rebajada a la mitad por el Tribunal Supremo, que consideró que solo se había cometido un único delito de sustracción, Rivas aún mantiene antecedentes judiciales en Italia.

Recientemente, el Supremo le concedió un indulto parcial que conmutó su pena a 180 días de trabajos en beneficio de la comunidad y un curso de parentalidad positiva, aunque este indulto no eliminó los antecedentes penales de Rivas en el sistema judicial italiano.

Este caso pone de nuevo sobre la mesa el debate sobre la custodia internacional de menores y las dificultades que surgen cuando intervienen diferentes sistemas judiciales, cada uno con sus propias normativas y procedimientos. En esta ocasión, la decisión tomada por la jueza de Granada refleja la necesidad de priorizar la protección del menor, un principio fundamental en cualquier proceso judicial relacionado con la infancia.

Mientras tanto, el futuro del niño y de su relación con ambos padres permanece incierto. La juez ha optado por suspender temporalmente la restitución, pero será el Juzgado de Violencia sobre la Mujer el que decida los próximos pasos. El caso de Juana Rivas y su hijo continúa siendo un tema de gran interés y relevancia tanto en el ámbito judicial como en la opinión pública, dada la complejidad de los antecedentes y la situación actual del menor.