El ministro de Justicia subraya su respeto al Supremo: "Los indultos no son una pelea entre poderes"

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha subrayado su respeto y "confianza ciega" en el Tribunal Supremo, que ayer informó en contra de conceder indultos a lo condenados del "procés", y ha asegurado que estas medidas de gracia no son "una pelea del Ejecutivo contra el poder judicial".

En la Comisión de Justicia del Senado, Campo ha insistido en la necesidad de ver el indulto con naturalidad, porque está recogido en la legislación; "lo que no quiere decir que no sea excepcional, claro que lo es, pero está en el ordenamiento jurídico y por tanto no nos tiene que asustar", ha insistido.

Ante las críticas del portavoz del PP, Fernando de Rosa, quien ha considerado que no puede obtener perdón quien delinque, no se arrepiente y afirma que insistirá en el delito, Campo ha rechazado avanzar qué propuesta elevará al Consejo de Ministros porque esta mañana todavía no había recibido la documentación oficial del Tribunal Supremo.

A su juicio, se debería hacer "menos ruido" con este tema, porque el Ministerio de Justicia tiene la obligación legal de dar tramitación a las peticiones de indulto que se registran "y es lo que ha hecho".

Cuando el Consejo de Ministros tome una decisión será el momento de criticar, algo que Campo ha considerado "lógico" e incluso "bueno" en una sociedad democrática.

El ministro ha incidido en que él nunca ha manifestado ninguna "sospecha" o "duda" ante la actuación del Supremo, para el que solo tiene "reconocimiento y admiración".

"Confío en el Supremo ciegamente, respeto la separación de poderes de modo acérrimo y siempre me encontrarán beligerante cuando haya un ataque contra el poder judicial y contra su alto tribunal".

En este contexto ha respondido también a los portavoces de los grupos nacionalistas e independentistas que han cuestionado el sistema judicial y las penas de prisión impuestas a los líderes separatistas.

Campo ha defendido la independencia judicial, ha asegurado que España cuenta con una "democracia plena" en la que no hay presos políticos y ha lamentado el daño que se está haciendo en la ciudadanía al debilitar la imagen de los jueces, que cumplen con su papel constitucional "de manera encomiable" y sometidos al exclusivo imperio de la ley, según sus palabras.