Pedro Sánchez espera dar carpetazo al caso de Álvaro García Ortiz con la reforma legal contra acusaciones populares

Pedro Sánchez se enfrenta a uno de los retos más complejos de su mandato al intentar zanjar el caso del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, cuya citación por el Tribunal Supremo el próximo 29 de enero ha generado un amplio debate político y judicial. Sin embargo, el Gobierno mantiene su respaldo total al fiscal, a pesar de las presiones externas, y se ha decidido a resolver esta situación a través de una reforma legal que limite las acusaciones populares, una medida clave en los planes del Ejecutivo. Como informa Ricardo Rodríguez en COPE, la estrategia del Gobierno se centra en cerrar este asunto con una modificación legislativa que permita desactivar los procedimientos judiciales de carácter popular.

En un momento en que la Moncloa vive una intensa batalla política, se ha puesto en marcha un plan para fortalecer el apoyo a García Ortiz, citando al fiscal ante el Supremo como una maniobra que, a juicio del Ejecutivo, busca disipar las dudas sobre su imparcialidad y continuar con su función sin que su cargo quede empañado por este tipo de acusaciones. El propio Ricardo Rodríguez ha señalado que, a pesar de esta citación, el Gobierno continúa ofreciendo su respaldo “sin fisuras” al fiscal general, y se ha insistido en que la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes servirá para reafirmar este apoyo.

Además, como apunta el periodista, el Gobierno está trabajando en la aprobación de un paquete de reformas legales que limite la capacidad de las acusaciones populares en ciertos procesos judiciales, lo que en la práctica daría por resuelto el caso de García Ortiz. El objetivo de la reforma es cerrar el grifo de las iniciativas judiciales impulsadas por terceros ajenos al procedimiento, algo que en opinión de muchos dentro del Ejecutivo es una forma de proteger al sistema judicial de lo que consideran “instrumentalización política”. Sin embargo, Ricardo Rodríguez destaca que la propuesta no será sencilla, ya que la iniciativa necesita contar con la aprobación de los socios del Gobierno, quienes podrían exigir modificaciones importantes al texto.

Tal como informa el periodista, la toma en consideración de esta reforma legal en las próximas semanas dependerá en gran medida de la posición de Carles Puigdemont, líder de Junts, quien aún no ha garantizado su apoyo. Esta situación pone de manifiesto la fragilidad de las alianzas dentro del bloque gubernamental, lo que podría retrasar la tramitación del proyecto legislativo. Ricardo Rodríguez también subraya que el PSOE es consciente de que este proceso negociador se extenderá probablemente hasta el verano, lo que convierte al paquete legislativo en un tema candente para la segunda mitad del año.

En este contexto, la reforma legal propuesta por el Ejecutivo tiene como fin último dar carpetazo al caso de Álvaro García Ortiz, evitando que siga siendo objeto de las acusaciones populares. Para ello, Pedro Sánchez y su equipo se han remangado para afrontar una negociación política que no será fácil. A medida que el Gobierno busque aplacar las críticas, el foco de atención también se desplazará hacia otros actores políticos, como Isabel Díaz Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez, quienes se han convertido en el blanco de la estrategia mediática del Ejecutivo.

Con todo esto, el futuro de García Ortiz parece estar condicionado a la resolución de una cuestión mucho más amplia: el control y la reforma del sistema de acusaciones populares en España. La saga judicial que afecta al fiscal general está lejos de ser una cuestión aislada; se trata de un episodio que forma parte de un escenario político mucho más complejo, en el que las decisiones legislativas del Gobierno de Sánchez marcarán el rumbo de los próximos meses. Y todo ello, como señala Ricardo Rodríguez, dependerá de cómo logre el Ejecutivo compaginar la reforma legal con los intereses de sus socios parlamentarios.