¿Qué medidas de Sánchez han entrado en vigor y cuáles no verán la luz?

La convocatoria de elecciones anunciada por Pedro Sánchez deja en el limbo buena parte de su agenda reformista. Además, cerca de 300 leyes no concluirán su tramitación parlamentaria debido al final de la Legislatura. De este modo, si algún grupo quiere retomarlas tras las elecciones, tendrá que comenzar su desarrollo desde cero.

Mediante Real Decreto-ley, el Gobierno aprobó el aumento del 22,3% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), hasta los 900 euros mensuales, así como la revalorización de un 1,6% de las pensiones y de un 3% de las pensiones mínimas y no contributivas -aquellas respecto de las que no es necesario haber cotizado previamente para disfrutarlas-, con un coste total de 2.591,65 millones de euros.

El Gobierno también aprobó en diciembre la subida salarial de los empleados públicos para 2019, que es del 2,25%, cifra a la que podrá sumarse un 0,25% ligado a la evolución del PIB y otro 0,25% procedente de fondos adicionales, hasta un máximo del 2,75%.

Fue una de las medidas estrella del Gobierno de Pedro Sánchez, pero el Ejecutivo ha caído antes de proceder a la exhumación de Franco. En un inicio iba a ser desenterrado antes de que finalizase julio, después el Gobierno anunció que la exhumación tendría lugar en agosto, y más tarde antes de acabar 2018. Pero el dictador sigue enterrado, lo que pone de manifiesto la improvisación del Gobierno al anunciar esta medida.

El Gobierno buscaba aumentar un 9,5% la recaudación, hasta los 227.356 millones de euros, mediante subidas de impuestos que ahora son papel mojado.

Entre ellas, la modificación del Impuesto de Sociedades. Los Presupuestos contenían un tipo mínimo del 15% sobre la base imponible para grandes empresas -del 18% para las entidades financieras y de explotación de hidrocarburos- y una rebaja de dos puntos, hasta el 23%, para las compañías que no alcanzan una facturación de un millón de euros.

En el IRPF, el Gobierno establecía una subida de dos puntos para rentas de trabajo superiores a 130.000 euros y de cuatro puntos para las de 300.000 euros, mientras que para las del capital se aumentaba en cuatro puntos para rentas de ahorro de más de 140.000 euros.

También se incluía la subida al diésel y la rebaja del IVA en lo que respecta a productos de higiene femenina, descargas y suscripciones digitales de libros, periódicos o revistas.

Continúan su tramitación al no estar previstos en la Ley de Presupuestos, que no puede incorporar nuevas figuras tributarias. 

Una de las partidas que se cae es la destinada a la dependencia, presupuestada con 831 millones de euros.

Tampoco se llevará a cabo el copago farmacéutico para los pensionistas con rentas inferiores a 11.200 euros, ni la subida de becas y ayudas al estudio, presupuestadas con 1.620 millones de euros.

Respecto a vivienda, cesan los 137 millones de euros del Plan 20.000 viviendas, que tiene como propósito incrementar el parque de inmuebles de alquiler.

Tampoco verán la luz los 15 millones de euros destinados a la Ley de Memoria Histórica.

Del mismo modo, la partida destinada a Cataluña, con 2251 millones de euros, y las relativas a infraestructuras.