Vox lleva al Constitucional la ley que suspende los desahucios por ir contra la propiedad

Vox ha recurrido ante el Tribunal Constitución (TC) la ley de Consumo que amplía la suspensión de los desahucios para colectivos vulnerables sin alternativa de vivienda por considerar que "legaliza de facto la ocupación" y va contra el derecho constitucional de la propiedad.

El grupo parlamentario de Vox ha señalado en un comunicado que el recurso presentado a la ley procedente del Real Decreto de protección de los consumidores y usuarios permite "que se suspenda judicialmente el desahucio de una vivienda a la que se ha accedido mediante delito y por tanto constriñe ilegalmente los derechos y facultades del propietario".

El decreto ley, que fue convalidado en el Pleno del Congreso en febrero con los votos favorables del PSOE, Unidas Podemos y de los socios de Gobierno y con la negativa del PP, Cs y Vox, incluye una disposición que amplía la suspensión de desahucios para personas sin alternativa habitacional durante el estado de alarma.

Vox argumenta ante el Tribunal Constitucional que los procesos penales en los que se sustancia el desahucio cuya suspensión permite esta ley pueden tratarse de los seguidos por delito de allanamiento de morada o por delito de usurpación, por lo que se vulneran los derechos constitucionales de la propiedad.

"Precisamente respecto al delito de usurpación se plantea la controversia constitucional sobre si el Real Decreto puede conceder al juez la facultad de suspender el desalojo cuando, conforme al art.117 de la Constitución, le corresponde 'hacer ejecutar lo juzgado'”, puntualiza el texto del recurso presentado.

Vox reitera que la ley es inconstitucional porque ignora la prohibición de afectar a los derechos, deberes y libertades contemplados en el título I de la Constitución y altera ilícitamente los elementos esenciales del derecho a la propiedad.

Pide al TC que declare nula la disposición que amplía esta suspensión de desahucios ya que debe primar la ejecución de la sentencia penal dictada por un juez ante un delito de usurpación frente a la suspensión del desahucio.

"Es una medida antisistema”, ha señalado la secretaria general del Grupo Parlamentario Vox, Macarena Olona, que insiste en la necesidad de combatir "a las mafias que han hecho del delito de la ocupación su forma de vida".

"El Estado debe articular soluciones para las familias vulnerables sin recursos, pero estamos hablando de profesionales de la ocupación que tienen hasta abogados y que se saben al dedillo una ley que ahora todavía más ampara al ocupa por delante del legítimo propietario de la vivienda", ha incidido.