Feijóo apuntala su alternativa fiscal con Sánchez al contraataque

Bajadas de impuestos, además de una revisión del gasto público, representan los ejes del plan que Alberto Núñez Feijóo aspira a enriquecer con las aportaciones de la CEOE, CEPYME, UGT o Comisiones Obreras. Los encuentros de este martes en la sede de la calle Génova con los agentes sociales suponen recuperar las relaciones pero, sobre todo, deben servirle al líder del PP para esta misma semana remitir una oferta económica definitiva a Pedro Sánchez como supuesta base de una negociación destinada a hacer más llevadera la crisis a las familias.

Sánchez ya ha descartado de plano la reducción de la carga fiscal ofrecida por Feijóo, cuya principal medida es un ahorro a la ciudadanía de entre 3.500 y 3.800 millones de euros en IRPF para compensar los estragos de una inflación al borde de las dos cifras. Ante la avería, el jefe del Ejecutivo ya ha buscado confrontar en el terreno de las supuestas irregularidades que salpican a administraciones gobernadas por el PP con la adquisición de mascarillas durante los primeros meses de la pandemia. “Después de lo que estamos viendo tanto en el ayuntamiento de Madrid como en la comunidad de Madrid, el impuesto más caro que pagan los ciudadanos es el de la corrupción”, se ha quejado Pedro Sánchez a su paso por Espejo Público de Antena 3.

Sánchez ha eludido defender que todos los contratos firmados por su Gabinete están libres de sospechas y, precisamente, el líder del PP ha cogido el guante: “El impuesto más injusto es la inflación. (…) La verdad es que no sé muy bien a qué se refiere el Presidente porque tiene cuatro altos cargos del Gobierno imputados por la compra de material sanitario”. En la reyerta pretenden los estrategas de La Moncloa diluir la bajada del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas propuesta por los populares que sería “selectiva y temporal”, con carácter retroactivo a enero, tal y como trasladó Alberto Núñez Feijóo al propio Pedro Sánchez en su cita de tres horas antes de la Semana Santa.

La batería de iniciativas incluía reducir el IVA de la luz del 10% al 4%, y del gas del 21% al 4%. A sumar, realizar una auditoria de los gastos superfluos del Gabinete o destinar 4.900 millones de euros de los codiciados fondos europeos, un 7% de los mismos, a un paquete fiscal. Esto es, a financiar deducciones. En paralelo, los populares han tomado como referencia para reducir el derroche gubernamental el cálculo del Instituto de Estudios Económicos, según el cual el Estado “podría reducir el gasto público en un 14% y ofrecer el mismo nivel de servicios”. Con esta base, el PP cree que existe margen al tijeretazo del gasto superfluo.

Enfrente, Pedro Sánchez insiste en hacer oídos sordos porque esas medidas están lejos de ser la fórmula empleada en “la mayoría de los países europeos, que han optado por las ayudas directas y las bonificaciones”. La principal conclusión del Presidente ha resultado ser que el jefe de la Oposición busca confrontar con él en el terreno económico. A pesar de certificar una revisión a la baja de su previsión de crecimiento del PIB ante lo adverso de los tiempos por venir, La Moncloa exhibe resistencia y sigue vendiendo que la espiral de precios es coyuntural, cuestión de unos meses más. En ningún caso estructural.

De otro modo, la Legislatura - con más de año y medio de vida útil por delante, hasta diciembre de 2023 según repite Sánchez - se hará muy cuesta arriba.