La ley para agilizar el reparto de fondos europeos lleva 21 meses varada en las Cortes

El Gobierno de Pedro Sánchez mantiene congelada en el Congreso la ley que regula los fondos europeos. El real decreto 36/2020 con medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y la ejecución del Plan de Recuperación aprobado por el Consejo de Ministros debió ser convalidado ante el Pleno de la Cámara Baja como proyecto de ley para permitir a los grupos parlamentarios introducir cambios. Así se forzó un 28 de enero de 2021.

Hasta Unidas Podemos llegó a cuestionar el real decreto, aunque votase a favor. Con la nariz tapada también pulsó el botón del sí el PNV. Otros socios, en cambio, lo rechazaron. Fue el caso de ERC. Sólo la abstención de Vox permitió a Sánchez salvar el trance. La falta de diálogo de entonces ha continuado hasta ahora. A estas alturas, el bloqueo del proyecto de ley resulta llamativo, toda vez el Ejecutivo ha impedido incorporar modificaciones que agilizarían en el texto en vigor el despliegue de los recursos comunitarios. El muro del Gabinete lleva 21 meses levantado con una prórroga semanal tras otra al plazo de enmiendas. Ya acumula 71.

La hasta ahora última ampliación de plazos concluye este próximo día 10. La Oposición, al menos, asume que tampoco entonces llegará el final de esta dilación que responde únicamente a una voluntad política. “Es otro ejemplo más de real decreto que convalida el Gobierno con el compromiso de tramitarlo y modificarlo vía proyecto ley que se queda durmiendo encerrado en un cajón por el rodillo de la mayoría gubernamental”, denuncian a COPE desde el Grupo Popular. “Se comprometen a la tramitación como proyecto de ley de muchos reales decretos pero luego incumplen su palabra – inciden esas mismas fuentes - y las normas se quedan como el real decreto inicial, sin posibilidad de mejora o modificación”.

Esa parece ser precisamente la intención del Gobierno. El real decreto sobre el reparto de los fondos sigue en marcha según los términos aprobados por el Consejo de Ministros en diciembre de 2020. Es decir, La Moncloa retiene su total control sobre las ayudas. Tras tal extremo estaría el nulo esfuerzo gubernamental por sacar el proyecto de la Comisión de Asuntos Económicos. El Gabinete parece aferrarse a la esperanza de revertir por sí mismo los problemas existentes con el maná europeo para dar el empujón definitivo a su despliegue en el decisivo 2023, pero la frustración recorre las sentinas gubernamentales por el mal pie en la ejecución de los recursos, principal activo para amortiguar el bache de la crisis.

Y es que la sala de máquinas socialista confía en un volquete de millones histórico para lograr la aspiración de Pedro Sánchez de llegar con brío renovado a las generales. La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, tiene en sus manos la receta: Imprimir “el máximo ritmo posible” y además “acelerar todos los mecanismos”. De hecho, el salmo de justificaciones oficiales está pasando por la complejidad de esos mecanismos o las prisas en el diseño de la distribución de la inyección económica procedente de la Unión Europea.