Los socios aprovechan el "espionaje" para cobrar a Sánchez facturas pendientes

El ambiente se le ha revuelto a La Moncloa que blinda a Pedro Sánchez de la presión de sus aliados, dentro y fuera del Gobierno. La inestable peana del Presidente ha recibido una sacudida más con el supuesto espionaje masivo a secesionistas con el sistema Pegasus entre 2017 y 2020.

El equipo monclovita ha eludido salirse del guion al desvincularse de cualquier implicación en intromisiones ilegales y garantizar la integridad de las actuaciones del CNI sometidas en su caso a autorización judicial. A partir de ahí, el Ejecutivo carece de margen para ir más allá en sus explicaciones. La Ley de Seguridad Nacional impide desvelar información clasificada. Así que la futura comparecencia en el Congreso de la ministra de Defensa, Margarita Robles, difícilmente satisfará a los independentistas. En ningún caso les bastará con aceptar su palabra.

Ese resulta ser el atolladero para La Moncloa que asegura conservar engrasados sus “canales de comunicación permanentes” con sus socios y muy concretamente con la Generalitat de Cataluña para preservar la confianza. O supuesta confianza. Porque entienden en la misma ala socialista que los costaleros pueden caer en la tentación de pasar facturas pendientes. Unidos ante una alternativa PP-Vox, las relaciones atraviesan altibajos, incluso tensiones, con quienes tradicionalmente les respaldan en las Cortes frente a la tendencia de Sánchez a exigir cheques en blanco, haciéndoles sentir a menudo ignorados y desatendidos por el Presidente.

Insatisfechos, desde Unidas Podemos, el coaligado gubernamental, a ERC pasando por PNV, Bildu, Junts, PdeCAT, la CUP, BNG, además de Más País y Compromís, han registrado en las últimas horas una solicitud de comisión de investigación en la Cámara Baja. Entre otros extremos, reclaman conocer la implicación de instituciones del Estado en el ya bautizado como el Catalangate y centran el tiro en Defensa, Interior, Vicepresidencia, Justicia o Exteriores. Exigen contratos y costes para el desarrollo de Pegasus u otras herramientas de espionaje. Y, claro, resarcir a afectados por las investigaciones, así como la depuración de responsabilidades.

La mayoría de la investidura dispara los decibelios. La contribución de Pere Aragonés pasa este jueves por teatralizar en la Carrera de San Jerónimo un “frente común” separatista (ERC, la CUP, Junts, PdeCAT o Bildu). La cumbre de fuerzas supuestamente espiadas debe servir a Aragonés para redoblar la presión sobre Sánchez tras congelar las relaciones con el Gobierno y amenazar con retirarle el apoyo de sus 13 diputados. El presidente de la Generalidad catalana ya ha hecho llegar al jefe del Ejecutivo vía mensaje de móvil su malestar por la situación generada, pero ha pinchado en hueso en su tentativa de mantener un “cara a cara” en La Moncloa. La mente de Sánchez está volcada en su foto con Volodímir Zelenski en Kiev.

En medio de la controversia, el relato oficial ha acotado la brecha con los morados al ámbito parlamentario. El estado mayor socialista ha contado con el alineamiento de Yolanda Díaz demandando esperar a las aclaraciones de Robles “para después poder opinar”. Entre los muros de La Moncloa ya descuentan pagar un precio extra a los socios para salvar el actual trance.