Sánchez pone en vilo a La Moncloa volando puentes y con Torra al acecho
A la crisis económica se le suman al Gobierno de forma simultánea distintos frentes. El primero institucional, el segundo sanitario y el tercero judicial
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Pedro Sánchez y su núcleo duro arrancan con la guardia alta esta semana que va del 28 de septiembre al 4 de octubre y que promete ser horribilis. Un tiempo que, además, amenaza con alargarse de ser incapaces de apagar la propagación de incendios. En el equipo más próximo al presidente del Gobierno se entremezcla un cóctel explosivo que va desde la expectación a la congoja, pasando por el cabreo. La atención, en cualquier caso, va a extremarse, nada quiere dejarse estas jornadas al azar y se huye de caer en la confianza intramuros de La Moncloa.
Acoso al Rey
La sucesión de acontecimientos cogió por sorpresa al entorno presidencial que en ningún caso esperaba que se les fuese tanto de las manos la ausencia de Felipe VI de la entrega de despachos a nuevos jueces en Barcelona. “Está controlado”, vaticinaban en las horas previas al evento del poder judicial, a la espera únicamente de una cerrada defensa de la figura del Rey por el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes. Poco podían imaginarse en La Moncloa que el ya de por sí polémico episodio aún debía estallarles en su total virulencia.
Así, a la crítica a la decisión de que el Monarca fuese baja se sumó la llamada desvelada por Lesmes realizada por el jefe del Estado para trasladar que le “hubiera gustado” estar en la cita. La llamada fue mal acogida en La Moncloa, carecía de un pase según interpretaron en las actuales circunstancias, habiendo sido incapaces de ofrecer los motivos de la ausencia de Su Majestad de la Ciudad Condal. El caso es que Pedro Sánchez, en pleno ataque de contrariedad, forzó una reacción inusual de La Zarzuela para aclarar que Don Felipe descolgó el teléfono por “cortesía”, para felicitar a la hornada de jueces, “sin consideraciones institucionales”.
El crujido de las columnas institucionales llenaron de regocijo las filas de Unidas Podemos. A la que salta, Pablo Iglesias embistió contra Felipe VI en Twitter sosteniendo que el “respeto institucional” significa “neutralidad política”. Como elefante en cacharrería se había desatado ya Alberto Garzón en la misma red social al juzgar “sencillamente insostenible” la posición “de una monarquía parlamentaria que maniobra contra el Gobierno democráticamente elegido”. Semejante salida de pata de banco de un ministro contra la jefatura del Estado fue secundada en despachos próximos al del Presidente. De creer a esas voces monclovitas, Sánchez no desautorizará en público al titular de Consumo. Hay entre miembros socialistas del Ejecutivo la tentación de marcar distancias, pero les domina la prudencia ante “el jefe”.
Presión sobre Madrid
Pedro Sánchez logró, en un solo movimiento, volar por los aires la frágil tregua con Isabel Díaz Ayuso. Los antecedentes tampoco jugaban a favor de una entente prolongada en el tiempo, vista la desconfianza reinante entre las administraciones central y autonómica. Los guionistas de La Moncloa fueron creativos al difundir como propósito presidencial el “ayudar”, en ningún caso “tutelar”, a la Comunidad de Madrid, pero ya el mecanismo de coordinación emergido de la cita en la Puerta del Sol entre los dos presidentes se antojaba un espejismo destinado a partir de ese momento a intentar consensuar iniciativas frente al avance del virus. Todo quedaba al albur del nivel de consonancia con las medidas a desplegar en la región y hacerlo en un foro, el Grupo COVID-19, ideado desde La Moncloa para que, en nombre de la “cogobernanza”, recayese sobre Díaz Ayuso su intransferible responsabilidad de la gestión de la crisis y, por tanto, el desgaste, pero sin renunciar a marcarle el paso.
Y ello mientras PSOE y Podemos la atacan con sus arremetidas y agitan la moción de censura en su contra. La fórmula se antojó un win-win – una jugada ganadora sea cual sea el desenlace – tan del gusto de Iván Redondo, jefe del gabinete del presidente del Gobierno. Si Díaz Ayuso se dejaba “teledirigir”, celebrarían los aciertos y socializarían los errores. Y si se resistía a asumir las “recomendaciones” del titular de Sanidad, resultaba una irresponsable. Bastaron cuatro días para caer en el choque con una malograda llamada previa de Redondo a Miguel Ángel Rodríguez, a la sazón jefe de gabinete de la mandataria madrileña. La colisión quedó plasmada en la comparecencia del ministro Salvador Illa a la vez que el viceconsejero Antonio Zapatero para enmendarle en vivo y en directo como máxima autoridad del país.
El confinamiento de toda la capital y de municipios que superen los 500 contagios por cada 100.000 habitantes fue exigido frente a la vía más cauta adoptada por el Ejecutivo regional de los distintos escenarios barajados, limitando las restricciones a 8 áreas sanitarias más a añadir a las 37 ya implementadas. Según cálculos desplegados por el equipo ministerial, la CAM va con un mes largo de retraso en la adopción de medidas drásticas. Apenas 24 horas después, de nuevo por sorpresa, Illa reclamó a Isabel Díaz Ayuso una revisión de sus decisiones ante “un riesgo serio para los ciudadanos”. La presión ya desembocó en la dimisión del doctor Emilio Bouza sin estrenarse como portavoz del Grupo COVID-19. “Últimos avisos”, repetían en La Moncloa bajo amenaza de tomar el control, salvo marcha atrás de Díaz Ayuso. Llamadas telefónicas entre las dos administraciones por medio durante el fin de semana, se admiten apuestas.
Torra: Cuenta atrás
Esta semana, tal vez este mismo 28 de septiembre, ha sido señalada en rojo por Pedro Sánchez y su entorno para el fallo del Tribunal Supremo sobre la inhabilitación en firme de Quim Torra, satisfecho de convertirse en "una piedra en el zapato" del Gobierno. Atravesado tal hito, el Gobierno podrá comprobar la efectividad de su estrategia de anticiparse a un plausible recrudecimiento del clima en las calles de Cataluña. Ahí encaja el arranque de la tramitación de los indultos a los presos del 1-O, minimizado desde el Gabinete como un procedimiento habitual, por el mero hecho de haber sido solicitada la medida de gracia. Entre 6 y 10 meses por delante hasta resolverse.
La Moncloa se felicitó por descolocar al independentismo con un anuncio que les permite escenificar mano tendida para generar, quizá, lo que denominan “un marco reparador” del conflicto. Mayor impacto, a su juicio, tiene la revisión a la baja de los delitos de sedición y de rebelión en el Código Penal, con tramitación prevista en paralelo a los Presupuestos Generales del Estado. La vía de la mayoría de la investidura gana así enteros para Sánchez con ERC como el objeto prioritario de deseo, aunque siempre pueden presentarse obstáculos y hacer que toda la singladura construida se desmorone en un abrir y cerrar de ojos.