Al menos 22 detenidos y fuertes disturbios en París en las protestas contra la Ley de Seguridad

Miles de personas han salido este sábado de nuevo a las calles de 90 ciudades de Francia para protestar contra la Ley de Seguridad Global y la violencia policial, una convocatoria que se ha sumado a las movilizaciones obreras convocadas contra la precariedad, y que de momento se saldan con al menos 22 detenidos y fuertes disturbios en París.

La manifestación de París, iniciada en la Puerta de Lilas bajo el lema "Por los derechos sociales y la libertad" y ha contado con una nutrida participación, incluidos numerosos activistas del movimiento de los 'chalecos amarillos'.

Con el paso de los minutos, la tensión y los disturbios han ido en aumento. Las imágenes captadas por la televisión francesa han recogido automóviles incendiados y escaparates dañados, entre densas columnas de humo negro.

Además de transmitir el balance del ministro del Interior, Gérald Darmanin, la Policía ha avisado a los manifestantes de que no coloquen barricadas para que no se repita el caos del pasado fin de semana.

Los manifestantes también coreaban consignas que incluían "¡Macron, basta!" o "Ley de seguridad, no, no. Seguridad social, sí, sí", y sostenía carteles que decían "Darmanin dimite" o "Francia: tierra de derechos policiales".

En el acto de Marsella ha participado el líder de La Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon. El dirigente de izquierda ha emplazado a "tirar a la basura" la ley de seguridad. "No hay vergüenza en dar marcha atrás", ha argumentado desde un antiguo local de hamburguesas estadounidense convertido ahora en comedor social.

"En Marsella, este evento adquiere un significado particular ya que, lamentablemente, no tenemos ninguna grabación de video que nos permita comprender mejor" cómo murió Zineb Redouane, una octogenaria fallecida el 2 de diciembre de 2018 en un hospital, 24 horas después de ser golpeada por una lata de gas lacrimógeno disparada por la policía cuando se encontraba en su casa.

Según el proyecto de ley, la publicación de imágenes de fuerzas de seguridad "con el objetivo de dañar el bienestar físico o mental de los agentes" podría ser multada con hasta 45.000 euros y un año de cárcel. El partido del Gobierno, La República En Marcha, se ha comprometido ya a reformular los puntos más polémicos del texto.