España pone el foco en más de 850 oligarcas rusos para aplicar la batería de sanciones europeas

El Gobierno de España ha puesto el foco en más de 850 oligarcas rusos y alrededor de 50 entidades en el marco de las sanciones impuestas por Bruselas contra el poder ruso en territorio europeo. Estas medidas, entre las que se encuentran la inmovilización de bienes y la prohibición de viajar, se aplican por actos que menoscaban la integridad territorial de Ucrania, la soberanía y la independencia del territorio ucraniano.

Estos primeros datos, que han sido recogidos por medios como 'Vozpópuli', se enmarcan en el primer sondeo realizado por los Registradores de España, que recoge los nombres de los oligarcas y sociedades de España que están en la lista de sancionados por Bruselas. En este sentido, se alerta también de que la Ley de Protección de Datos vigentes en España imposibilita la identificación de estos individuos y sociedades.

En otros países de nuestro entorno, la identificación y la contundencia a la hora de actuar es mucho más tajante. Por ahora, en nuestro país solo se conoce públicamente la incautación de un yate de 85 metros de eslora en Barcelona y de otros dos en Islas Baleares y Melilla.

Proceso complejo y casi confidencial

Esta lista es revisada de forma periódica, permitiendo que las sanciones a intereses rusos se incrementen cada día. En esta primera fase, el Centro Registral de Antiblanqueo ha examinado el Registro de Titulares Reales del Registro Mercantil para detectar a las personas físicas sancionadas que estuviesen detrás de alguna sociedad mercantil en España o en sus cadenas de administración.

Además, se ha procedido a comprobar a los administradores de las sociedades mercantiles para identificar personas que hubieran sido sancionadas por los reglamentos europeos. En el caso de que estas personas tuviesen bienes muebles o inmuebles en España se abre el procedimiento para notificar esta situación al Registro de la Propiedad, lo que supone el bloqueo del bien ante un posible traspaso.

En el siguiente paso intervienen ya las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que se centran en analizar posibles sociedades intermedias que puedan esconder más oligarcas o puntos de poder ruso en nuestro territorio. Después, Policía Nacional y Guardia Civil siguen con la investigación.

Por último, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado pueden trasladar a una instancia judicial todos los hallazgos que se producen en relación con la existencia de testaferros y auténticos titulares de las sociedades. En este sentido, un juez puede aplicar el posible embargo o sanción pertinente.

Un paso por detrás de otros países

El pasado lunes, el presidente del Gobierno quiso dejar constancia en una entrevista de televisión que este tipo de operaciones son muy complejas. Pero, España va un paso por detrás de países como Francia, Italia, Portugal o Estados Unidos desde el punto de vista de la lentitud y la opacidad que rodea estas operaciones y la información que se da a conocer. En otros países se dan todos los detalles respecto a los bienes incautados a oligarcas rusos. En este sentido, la información también juega un papel fundamental desde el punto de vista de la presión al poder ruso en territorio europeo.