La Fiscalía de Bolivia concluye que se incurrió en "actos ilegales" en la compra de respiradores españoles

La Fiscalía de Bolivia ha concluido este viernes que se incurrió en "actos ilegales y dolosos" en la compra de 170 respiradores realizada por el Gobierno a la empresa española GPA Innova en el marco de la pandemia de coronavirus.

"Se ha emitido el dictamen donde se ha concluido la responsabilidad, los hallazgos de responsabilidad por la comisión de actos ilegales y dolosos de 13 involucrados", ha explicado el fiscal general, José María Cabrera, que ha señalado que la investigación se remonta al 20 de mayo.

La semana pasada, la Fiscalía informó de que la investigación del caso se encuentra en la fase final y anunció que emitiría una acusación formal para llevar a juicio a todos los responsables --entre los que se encuentra el exministro de Sanidad Marcelo Navajas--.

La Comisión Especial Mixta de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) también se pronunció hace unos días sobre este tema y concluyó, en su informe, que hubo un "flagrante caso de corrupción" en la compra de los 170 respiradores españoles y 324 chinos, según informaciones de la agencia ANF.

El escándalo se destapó en mayo durante las medidas de cuarentena impuestas por el Gobierno con motivo de la pandemia. Según las denuncias, IME Consulting actuó como intermediaria en la adquisición de los respiradores a otra empresa española, GPA Innova, por los que el Gobierno boliviano pagó un sobrecoste, ya que le cobraron 27.000 dólares por cada uno cuando su precio de mercado era de unos 7.000.

Tras conocerse los hechos, el Gobierno de Jeanine Áñez optó por paralizar el contrato y a mediados de agosto, solicitó a GPA Innova la finalización del contrato y la devolución al Estado boliviano de los 2,2 millones dólares (1,8 millones de euros) que se pagaron por adelantado.

Por su parte, IME Consulting acusó al Gobierno boliviano de haber perdido los respiradores. "El Gobierno confiesa que no sabe dónde están los respiradores que se le ha entregado", señaló el abogado de la empresa española, Ramiro Vega, a una radio local.