Enmienda a la totalidad del “Procés”

La crítica a la estrategia política secesionista en Cataluña no procede solo del ámbito de la política y de la sociedad. También aparece en los sectores jurídicos acreditados, como es el caso del letrado mayor del Parlamento de Cataluña, Antoni Bayona, quien acaba de publicar un duro artículo titulado “El futuro político de Cataluña: el papel del Parlament”. En este texto afirma que no se puede llevar adelante el proceso de la independencia de Cataluña sin atender al marco legal español, creando una nueva legalidad alternativa, la catalana, sobre la que se construiría la proyectada república de Cataluña. Para el letrado mayor del parlamento de Cataluña mantener que el Estado español es autoritario, y no reconocer su mandato legal, es “un grave error de apreciación política y sobre todo jurídica”.Al margen de que la propuesta de este jurista sea la reforma de la Constitución Española, una cuestión que hay que debatir en sí y no solo en referencia al problema catalán, estas afirmaciones ponen en evidencia el disparate jurídico y político del gobierno de Puigdemont. Un disparate que toca el núcleo mismo de la relación entre democracia y legalidad, los dos marcos sobre los articula la convivencia pacífica. El anunciado referéndum del primero de octubre rompería con la legalidad vigente y por tanto no puede invocar el carácter de decisión democrática.