Línea editorial del 8 de febrero de 2019

Según un comunicado del Ministerio de Justicia, la ministra Dolores Delgado ha enviado una carta al Presidente de la Conferencia Episcopal Española solicitando a la Iglesia que entregue al Gobierno la información sobre sus investigaciones y procedimientos de denuncias de los abusos sexuales a menores. La ministra reclama a los obispos la información amparándose en el principio constitucional de cooperación entre la Iglesia y el Estado, con la finalidad de “arrojar luz sobre unos hechos que nuestra sociedad no puede permitirse seguir manteniendo ocultos”.

Al margen de que la Conferencia Episcopal se haya enterado de la existencia de la carta por los medios de comunicación, la ministra de Justicia se equivoca de principio a fin con esta demanda. Primero porque manifiesta gran ignorancia respecto a la naturaleza de la Conferencia Episcopal, que no es el órgano de gobierno y gestión de la Iglesia. Como precisa la Nota emitida ayer por la Conferencia, las diócesis, congregaciones religiosas y demás instituciones eclesiales han puesto en manos de la Santa Sede y de las autoridades judiciales españolas los casos de los que han tenido conocimiento, cumpliendo así con su obligación.

Precisamente este reclamo no procede de ninguna instancia judicial sino del Ejecutivo, y el tono de la carta hace pensar en una operación mediático-política más que en una sincera inquietud por las víctimas de abusos sexuales. Este grave problema afecta a toda la sociedad, y es llamativo que el Gobierno coloque su foco sobre la Iglesia en lugar de promover una acción concertada contra esta lacra.