Política y derecho, dos cosas diferentes

Carles Puigdemont, desde Bruselas, ha pedido en las últimas horas que el Gobierno de Mariano Rajoy acepte el resultado electoral de este jueves. No hay temor fundado a que Rajoy vaya a hacer lo contrario. Las elecciones catalanas han dejado al independentismo con un apoyo que suma casi el 48 por ciento de los votos. Lo que se traduce, como sabemos, en una mayoría absoluta en escaños. La lista de Puigdemont lidera el secesionismo. Y todo ello tendrá las lógicas consecuencias políticas.

Otra cosa es aceptar la lectura que ha hecho el independentismo de los resultados. La formación más votada, Ciudadanos, es rotundamente constitucionalista. No se puede olvidar que, como en 2015, hay una mayoría que no ha votado a partidos independentistas. No es legítima una solución que deje fuera a la mitad de la sociedad catalana.

Aceptar el resultado no puede suponer, como ha pedido Puigdemont, que los procesos judiciales se suspendan. La democracia se basa en la división de poderes. Los votos no anulan ni los autos ni las sentencias. Ni el Gobierno puso en marcha la investigación por un posible delito de rebelión ni el Gobierno puede detenerla. Se hace más necesario que nunca un diálogo político, pero el diálogo tendrá que ser sobre lo posible. De otro modo no servirá para desbloquear un bucle que tiene a perpetuarse.