Y ahora el País Vasco

Para tener una radiografía más completa sobre el apoyo y los riesgos del pacto constitucional de 1978 conviene prestar atención a lo que está pasando en el País Vasco. Ayer, en el parlamento de esa Comunidad, con los votos de EH Bildu, el PNV, y el apoyo parcial de Podemos, se aprobó una iniciativa contra el Rey y la Constitución Española que, según dicen, “construye un Estado desde una base antidemocrática e históricamente falsa”. La iniciativa, presentada por la rama política de la extinta ETA, considera que la unidad de España se impuso también al pueblo vasco, que no habría respaldado la Constitución en el referéndum de 1978. La propuesta exige incorporar a la Constitución “el principio de libre determinación” en una España en “clave federal y/o confederal”.

Aparte de la manipulación de los resultados del referéndum constitucional, en el que hubo una alta abstención que no invalidó el voto mayoritario ampliamente favorable, la propuesta de los secesionistas vascos se basa en falsedades históricas y elude que la Constitución es la garantía de un Estado democrático que ampara las libertades de todos. La España constitucional, que ha pagado un alto precio con la sangre de las víctimas de ETA, ha garantizado el progreso y el bienestar de todos los ciudadanos, también de los vascos, por supuesto, en los últimos cuarenta años. Resulta desazonador que el PNV de Urkullu abandone la senda del realismo y la moderación con guiños a los radicales con los que se disputa el espacio nacionalista. Aunque la moción aprobada sólo tenga valor simbólico, incide en una dinámica de conflicto que no puede traer nada bueno.