“Desviación de poder”

El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, ha pedido a todos los miembros del Ministerio Público que no se pronuncien públicamente sobre la proposición de ley de amnistía hasta que la Ley se apruebe definitivamente. En respuesta, 18 Fiscales de la Sección penal del Tribunal Supremo han escrito una carta en la que expresan su decepción y su preocupación por esta actitud. El Fiscal General, denuncian los firmantes, ha decidido guardar silencio frente a las graves imputaciones que se vierten en el Acuerdo firmado entre PSOE y Junts con relación a la actuación de los fiscales que intervinieron en la causa penal del Procés.

Los fiscales del Supremo piden amparo, como lo piden para los fiscales que desde Cataluña han intervenido en esta causa. Pedir a los fiscales que guarden silencio por razones de oportunidad política nada tiene que ver con la imparcialidad. Tiene que ver con la servidumbre de la Fiscalía y la injerencia de un Gobierno cuyo objetivo prioritario es, cueste lo que cueste, allanar el camino hacia la amnistía. La concentración indebida de poderes y funciones en el ministerio encargado a Félix Bolaños es un paso más de una estrategia orientada a neutralizar los contrapesos. La suerte es que jueces y fiscales, en el ejercicio de sus funciones, van a sujetarse al imperio de la ley. Para muestra, la reciente resolución del Supremo sobre el ascenso de Dolores Delgado a fiscal de Sala. Si se aprecia “desviación de poder”, siempre conforme a derecho, se anulan las decisiones. Confiemos en que siga siendo así.