Línea Editorial COPE: La nueva doctrina del Tribunal Constitucional

Con siete votos de los magistrados llamados “progresistas” frente a cuatro, el Tribunal Constitucional ha decidido conceder el amparo al exdiputado de Podemos Alberto Rodríguez, que había sido condenado por el Tribunal Supremo por un atentado contra la autoridad, al patear a un policía en una concentración celebrada en Las Palmas en 2014. La sentencia, cuya ponente ha sido la magistrada María Luisa Balaguer, sienta un peligroso precedente al convertir, de hecho, al Tribunal Constitucional, no en el tribunal encargado de considerar si se ha vulnerado un derecho fundamental sino en una instancia de casación que corrige al Tribunal Supremo, dado que reconstruye de forma improcedente la demanda de amparo. La mayoría progresista del Constitucional considera que la inhabilitación fue desproporcionada, y ahora sustituye la pena impuesta por otra.

Nuestro órgano de garantías constitucionales siempre se había movido en el ámbito de los derechos fundamentales y de la revisión de la constitucionalidad de las leyes. Pero ahora da un paso más y se convierte en un tribunal rectificador, entre otras razones porque el exdiputado Alberto Rodríguez no había planteado la cuestión de la desproporción de su pena, cuestión en la que sí ha entrado el Constitucional para sorpresa de destacados juristas que consideran que se ha extralimitado de sus funciones.

Si el hecho de que las últimas sentencias del Constitucional se estén sacando adelante con la mayoría de siete votos es preocupante, más lo es que la aplicación de la técnica de “creación constructiva del derecho” está convirtiendo al Alto Tribunal en una instancia alternativa sobre la que pesa la sospecha de actuar con criterios más políticos que jurídicos.