Madrid - Publicado el - Actualizado
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Lo ocurrido a lo largo de las últimas horas en la relación entre el gobierno de España y Esquerra Republicana de Cataluña es una muestra palpable de la inconsistencia del Ejecutivo de Pedro Sánchez, sometido a los dictados de los independentistas. Una vez que Torra anunció que convocaría elecciones, y que iba a pedir a Pedro Sánchez la independencia y la amnistía para los presos en su reunión del próximo 6 de febrero, el Gobierno quiso posponer la mesa bilateral de negociación con la Generalitat hasta después de las elecciones catalanas. Pero en pocas horas Sánchez tuvo que rectificar, una vez que el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, presentara en la Moncloa un órdago amenazando a Sánchez con dejarle caer si no cumplía todo lo que pactado.
El Gobierno depende de un partido político que quiere acabar con la unidad de España. Un partido cuyos dirigentes están en condenados por sedición y que sistemáticamente está en un proceso de desacato a los tribunales de justicia. Sánchez tiene atadas las manos, como se ha visto ayer de manera humillante, no sólo para él sino para la nación a la que representa.
Si esto ha sucedido en el primer mes del nuevo gobierno, podemos imaginar que la legislatura será un campo de minas. Sánchez no debería consentir que su gobierno sea rehén de quienes no ocultan su quieren acabar con España y con la Constitución de 1978.