Ceder el control migratorio: la próxima línea roja

Tras su última cesión a Junts, en el Partido Socialista ya se sitúan en el escenario de negociación de la senda de déficit y de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado. La legislatura avanza conforme a una regla constante en la que Puigdemont amenaza con debilitar al Gobierno y los de Sánchez terminan cediendo a todas sus peticiones. Tras el precedente inicial de la amnistía, confiar en que existen líneas rojas sería una ingenuidad. Una de las exigencias más ambiciosas -y peligrosas- de Junts es la que atañe al control de la inmigración y las fronteras. Hace exactamente un año, el PSOE se comprometió a transferir las competencias migratorias a Cataluña, aunque en septiembre intentó matizar su cesión amparándose en la Constitución. Efectivamente, en 2010, y en respuesta a uno de los puntos más conflictivos del Estatut, el Tribunal Constitucional resolvió que la transferencia de las competencias migratorias a Cataluña era inconstitucional.

Sin embargo, existen precedentes en los que se han redibujado los márgenes de la Constitución para acomodarla a los intereses y alianzas del Gobierno. Más allá de su viabilidad jurídica, una cesión tan estratégica para el Estado como es la inmigración constituiría un precio inasumible para España. La supervivencia de un Ejecutivo sostenido por una minoría parlamentaria jamás debería comprometer los fundamentos esenciales de la política nacional. En demasiadas ocasiones hemos visto cómo lo que parecía inimaginable se ha acabado materializando. Pero ceder la política migratoria supondría un daño tan definitivo como irreversible para la propia estructura del Estado.