Desprestigiar a los jueces de forma interesada

El Poder Judicial es uno de los puntales sobre los que descansa el Estado de Derecho. Por fortuna, nuestro país, como democracia plena, cuenta con un sistema garantista provisto de funcionarios públicos de enorme prestigio y con una independencia probada. Que grandes líderes de todos los colores políticos o que personas próximas a la familia real hayan sido procesados, juzgados y condenados es una muestra evidente de la autonomía de la que goza la justicia en nuestro país.

Desde que el entorno del Gobierno y del presidente Sánchez se ha visto rodeado de casos de corrupción, muchas voces interesadas han intentado sembrar dudas sobre la independencia y el buen hacer del Poder Judicial. Hasta hace muy poco, este recurso era exclusivo de fuerzas políticas antisistema conscientemente situadas fuera de los marcos constitucionales. Sin embargo, la situación judicial de personas próximas a Pedro Sánchez ha abierto la veda para que, desde un partido sistémico y de Estado como el PSOE, se lancen a extender dudas y sospechas sobre la labor de los jueces.

Cuestionar al Poder Judicial para deslegitimar causas fundadas constituye una irresponsable temeridad. Es, además, un gesto más propio de otras latitudes que de una democracia sólida y consolidada como la española. El ejercicio de distracción es inverosímil, pero su mero intento menoscaba el debido compromiso del Gobierno con las instituciones. Que la labor de los políticos y de su entorno esté sometida al imperio de la ley, lejos de ser una anomalía, es una excelente noticia para la democracia.