Injustificable intimidación al Poder Judicial

Desde que personas próximas a la órbita socialista han comenzado a tener problemas con la justicia, se ha hecho habitual que miembros del Gobierno critiquen públicamente algunas resoluciones judiciales. Hoy mismo, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, se ha permitido señalar que “no existe base probatoria” que justifique el auto del magistrado que investiga al Fiscal General del Estado por revelación de secretos. En términos muy semejantes se ha expresado el ministro del Interior, Grande-Marlaska, que ha cuestionado la fundamentación de la resolución judicial.

Cualquier ciudadano puede tener una opinión sobre el desempeño concreto de un magistrado. Sin embargo, un pronunciamiento explícito del Ministro de Justicia sobre un caso que afecta de forma directa a la Presidencia del Gobierno es una intolerable injerencia. Los delitos que se investigan en el Tribunal Supremo no solo afectan al Fiscal General del Estado, sino que apuntan a una supuesta conexión que implicaría a La Moncloa. Esta relación directa entre los intereses del ministro, los de su superior directo, Pedro Sánchez, y los de Álvaro García Ortiz hace que las palabras de Bolaños resulten aún más inaceptables en una democracia plena, como es España.

El poder político jamás debería intimidar al poder judicial, y es un rasgo compartido por todos los populistas cargar contra la justicia o contra la prensa independiente. La deriva emprendida en los últimos meses por el PSOE vulnera fundamentos esenciales del Estado de derecho y contradice la trayectoria que había mantenido desde la Transición. Una conducta semejante es incompatible con el rigor que se espera en un partido de Estado.