Insostenible contumacia del fiscal general del Estado

La declaración de la fiscal jefe de Madrid, Almudena Lastra, ante el juez que instruye la causa del fiscal general del Estado por presunta revelación de secretos, ha dado un giro en las últimas horas, reforzando los indicios contra Álvaro García Ortiz. Lastra declaró que en la mañana del día 14 de marzo mantuvo una conversación telefónica con García Ortiz en la que, medio como pregunta, medio como afirmación, le dijo: “Álvaro, ¿has filtrado tú los correos?”, a lo que el fiscal general respondió que “eso ahora no importa”. A esta declaración se suma la del fiscal de delitos económicos y responsable de la digitalización de la fiscalía en Madrid, Julián Salto, quien ha negado que exista un protocolo de borrado de mensajes, como declaró en su día García Ortiz.

Algunos medios quieren desviar la atención de la evolución del caso, pero a medida que se van sumando declaraciones se cierra el círculo en torno a la participación de Álvaro García Ortiz en la filtración de datos de un ciudadano particular, lo que constituiría un delito de revelación de secreto, dentro de una estrategia política para dañar a la presidenta de la Comunidad de Madrid. La mera sospecha de que quien es garante de la legalidad haya tomado parte en un supuesto delito debiera haber provocado inmediatamente su dimisión. La insostenible situación de García Ortiz no sólo contribuye a su desprestigio personal, sino que está poniendo en riesgo la reputación de la institución que preside. A Sánchez le conviene que resista pero que un fiscal general del Estado llegue a sentarse en el banquillo resulta inimaginable en un Estado de Derecho.