Madrid - Publicado el - Actualizado
1 min lectura
A seis meses de las elecciones presidenciales en Brasil, el Tribunal Supremo del gigante suramericano ha decidido, por seis votos a favor y cinco en contra, rechazar la petición de “habeas corpus” cursada por Inacio Lula da Silva, que se presentaba como favorito para repetir sus dos mandatos anteriores. El ex presidente está acusado de haber recibido una mansión de lujo a orillas del mar, como regalo de una empresa constructora por los favores conseguidos tiempo atrás. Pero este caso no es más que la punta de un iceberg de corrupciones que afecta a buena parte de la clase política brasileña, y que ya provocó la destitución de la anterior presidenta, Dilma Rusef, por su implicación en la trama.
Lula Da Silva fue condenado a doce años de prisión; la sentencia definitiva del Supremo supone un duro golpe a sus aspiraciones y deja sin cabeza a la izquierda brasileña. A sus 72 años y pese a los escándalos que lo sacuden, el antiguo obrero Lula Da Silva sigue siendo uno de los políticos más carismáticos entre los movimientos de izquierda, no solo de Brasil sino de toda Iberoamérica, pero el desgaste provocado por los casos de corrupción también pasa factura. La ofensiva judicial debe ayudar a combatir esta plaga que afecta a todos los partidos, pero también hace falta una regeneración social y un cambio de mentalidad en las instituciones. En este sentido, la movilización callejera de los partidarios de Lula no es una buena noticia.