Migrantes en Canarias, ¿ahora qué?

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha decretado la suspensión cautelar del protocolo de actuación aprobado por el Gobierno canario que establecía la identificación previa de los menores rescatados en el mar antes de que, una vez en las islas, fueran derivados al sistema de acogida. La Fiscalía recurrió el citado protocolo al entender que supone una violación de los derechos de los menores que podrían verse recluidos durante días. El Gobierno canario lo niega y aduce que, desde su entrada en vigor, los trámites que se siguen son conforme a Derecho sin que se hayan registrado denuncias. La cuestión es delicada porque se trata de menores y porque, como aduce la Fiscalía y el citado Tribunal, el Protocolo introduce cambios muy significativos en la legislación que no pueden abordarse con esta premura. El Ejecutivo, por su parte, sostiene que la medida adoptada entra en el ámbito de sus competencias y que estas no solo le permiten, sino que le exigen tomar las medidas más adecuadas para regular una situación que se ha desbordado.

No se puede abordar un asunto tan grave como las condiciones en las que van a vivir los jóvenes extranjeros que llegan a España sin familia desde las pasiones ideológicas. Llegan a España sin familia, sin comunidades humanas de acogida en las que puedan arraigar y sin recursos específicos más allá de un techo y comida. Estas carencias también constituyen una lesión directa a los derechos de los menores, aumentan los riesgos sociales y les condenan a la exclusión.