Una proposición de ley abusiva

El PSOE improvisó el viernes una rueda de prensa en el Congreso para anunciar la “proposición de ley orgánica de garantía y protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas”. 

El texto refleja igual precipitación al excluir, por ejemplo, a las Administraciones de la acción popular, en contra de las directivas del Ejecutivo que establecen que “la Delegación de Gobierno se personará como acusación popular” en los los casos de violencia de género cuando no lo haga la Comunidad Autónoma. 

Hay algo de reacción visceral frente a los casos judiciales abiertos contra el PSOE, pero también una clara intencionalidad de fondo, que se percibe en las limitaciones a la libertad de expresión de los jueces al facilitar la recusación de magistrados.

Si, como reconoció el portavoz socialista, hay ya mecanismos para proteger la imparcialidad de la justicia, queda en evidencia que la única finalidad es amedrentar a jueces incómodos. 

La proposición de ley tiene altas probabilidades de salir adelante con el apoyo de Junts, e incluye la supresión del delito de ofensas religiosas, torticeramente presentado como un blindaje a las confesiones frente a la crítica. Nada más lejos de la realidad. 

La mención singularizada a las creencias se justifica por tratarse de una de las motivaciones típicas de discriminación, como lo es la etnia, lo que explica la profusión de figuras jurídicas para combatir el racismo. 

El PSOE ha utilizado un deplorable episodio de burlas contra la fe cristiana para movilizar al ala laicista de su electorado, azuzando irresponsablemente la polarización social