Revalorización de las pensiones

El Gobierno se resiste a aprobar un decreto ley, que contaría con el apoyo de la oposición, para que en el mes de febrero los pensionistas cobren sus pensiones revalorizadas un 2,8 por ciento. Ya es una anomalía que esta cuestión dependa de un decreto ley. Su uso, tal como establece la Constitución, tendría que estar reservado para los casos de urgente y extraordinaria necesidad. Si se hubieran aprobado en tiempo y forma los presupuestos no tendría lugar esta anomalía.

En cualquier caso, conviene recordar una cuestión de fondo de lo que no se habla. Nuestro sistema de pensiones necesita, como insiste Bruselas, una reforma. No porque el sistema sea insostenible sino porque su sostenibilidad depende de las transferencias del Estado, es decir de ingresos suplementarios que se obtienen a través de los impuestos. El desequilibrio alimenta el déficit y la deuda.

La deuda pública es un impuesto a los más jóvenes. Nuestro sistema de pensiones no respeta en este momento la necesaria solidaridad entre generaciones. Para garantizar cierto nivel de ingresos a las clases pasivas estamos pidiendo un esfuerzo suplementario a las clases activas y determinando el futuro de los que todavía no han empezado a trabajar. Es un factor a tener muy en cuenta en un país como el nuestro, en el que los jóvenes tienen especialidades dificultades por sus salarios bajos y por el precio de la vivienda.