Madrid - Publicado el - Actualizado
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Tal como se está configurando la “mesa de negociación” exigida por ERC para apoyar los presupuestos del Estado, se parece a un parlamento “bis”, con la ausencia de parlamentarios de la oposición que pudieran ver, oír y hablar sobre lo que pueda decidirse. No solo van a estar presentes en la negociación el Gobierno y la Generalitat junto con los partidos separatistas catalanes, sino representantes del PSC y de Unidas Podemos, es decir, los que de alguna forma pretenden rectificar la sentencia del Supremo. En esa mesa se va a materializar el pago de la factura Sánchez debe a Esquerra Republicana de Cataluña por hacer posible su investidura, pero más allá de eso, estamos ante un desafuero desde el punto de vista del funcionamiento del sistema democrático.
El Parlamento, que representa a la soberanía nacional, queda fuera de un debate trascendental que, por otra parte, el Gobierno dice querer conducir dentro del marco jurídico (la Constitución ni se cita), mientras que sus interlocutores independentistas insisten en que debe abordar la autodeterminación y la amnistía de los condenados por el Procés. La propia mesa es un galimatías que nadie puede aclarar porque el gobierno es víctima de sus propias contradicciones y de sus compromisos con quienes no aceptan el marco constitucional. Y todo ello al margen del Congreso y del Senado, para evitar unos debates públicos que pondrían en evidencia esas contradicciones del Gobierno.