Línea Editorial | Piedras en el camino

Por definición el indulto suspende la pena, pero no el delito. Los nueve ciudadanos que han sido indultados ya no cumplirán las penas privativas de libertad impuestas. Nada menos, pero tampoco nada más. Entre los delitos por los que se encausó a los nueve del Procés está el de malversación de fondos públicos. Las sanciones a este delito son ahora una piedra en el camino para el Gobierno de España. El ministro Ábalos considera que el Tribunal de Cuentas no debiera inmiscuirse en asuntos políticos, por lo que debería cesar en su empeño de exigir responsabilidades. Dicho de otro modo: Ábalos pide al Tribunal de Cuentas que no ponga piedras en el camino de la normalización de los independentistas.

La Generalitat puso en marcha una caja de solidaridad para hacer frente a los gastos judiciales generados por el Procés. Para evitar que algunos implicados se quedaran sin empleo, la Generalitat les ha dado un trabajo. Y así, suma y sigue. Ahora el gobierno pretende que las responsabilidades que reclama el Tribunal de Cuentas en esta materia también se extingan.

La malversación de fondos públicos es un delito grave que afecta a los ciudadanos por partida doble. Primero porque sus impuestos no se destinan al fin que les es propio y segundo porque impide el gasto en servicios públicos. Los indultados han salido de la cárcel, pero otra cosa es que se vayan dejando sus deudas por pagar, y en eso está el gobierno de Sánchez.