Abogados de oficio: Dos euros la hora por defender la dignidad de la Justicia

María tardó 9 años en llegar desde su habitación al juzgado. Su exmarido la maltrataba. La labor de Avelina Sánchez, abogada del turno de oficio, hizo que el infierno acabara mediante sentencia. “Todas las semanas me llamaba para ver cómo estaba. Yo sabía que con el dinero que le pagaran por defender mi caso no cubriría ni los gastos de teléfono. Avelina me devolvió a la vida”, relata.

Como el resto de abogados que prestan el servicio de asistencia jurídica gratuita a quienes no pueden costearse un letrado privado, Avelina Sánchez está en el turno de oficio por vocación. “De esto no se come. De media, el Ministerio de Justicia o las comunidades autónomas nos pagan a 2 euros la hora. Sacamos tiempo de nuestro trabajo privado en despachos para dedicarnos al turno porque creemos que todo el mundo tiene derecho a la defensa”, explica.

El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) denuncia en el último Informe del Observatorio de Justicia Gratuita (2016) que “la retribución media del abogado de oficio no llega a los 135 euros por expediente”, o lo que es lo mismo, desde que se inicia un proceso judicial por demanda o querella hasta que finaliza. Concretamente, el coste que por ciudadano se destina a sufragar este servicio de protección constitucional es de 5,13 euros al año.

RETRIBUCIONES QUE LLEGAN "MAL Y TARDE" 

El presidente de la Comisión de Justicia Gratuita del CGAE y decano del Colegio de Abogados de Zaragoza, Antonio Morán, señala que “la dotación es realmente ridícula. Aunque fuese 10 veces mayor, no estaría dentro de los márgenes del mercado”. Además, explica que los pagos se efectúan a trimestre vencido, de modo que los abogados de oficio “cobran mal y muy tarde”.

Como puntualiza, los encargados de pagar las indemnizaciones son el Ministerio de Justicia o las comunidades autónomas en función de si el servicio de justicia gratuita está o no transferido. “Dentro de los territorios que pertenecen al Ministerio de Justicia, los pagos correspondientes al último trimestre de 2017 se hicieron a mitad de abril de 2018”. No solo eso, sino que los baremos donde se recoge el importe de las remuneraciones están sin actualizar conforme al IPC desde 2003.

Pese a ello, califica el anuncio que el ministro de Justicia acaba de realizar, consistente en incrementar en un 30% los baremos, de “positivo”, aunque señala que es “insuficiente” y que “queda mucho por hacer para que las dotaciones sean dignas y acordes al trabajo que implica el turno”, pues estaríamos ante un incremento medio de 40,5 euros.

ICAM, MÁS DE 14 MILLONES DE EUROS ADEUDADOS

En lo que respecta al Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), el más grande de Europa con un total de 77.000 colegiados de los que 5.300 pertenecen al  turno de oficio, Marisol Cuevas, directora del servicio, explica que desde el 11 de noviembre del 2017 hasta abril del 2018, la cantidad que la Comunidad les adeuda asciende a más de 14 millones de euros. “Los abogados tardan en cobrar  casi un año. Los ejercicios anteriores se habían aligerado los pagos pero este año se han vuelto a retrasar fruto de la inestabilidad política”.

Por eso, dice que “estos abogados son héroes que defienden los derechos fundamentales”. Lamenta que “muchas veces no se tienen en cuenta las circunstancias en las que trabajan”.

Por la mesa de Eva Rolle, abogada penalista del turno de oficio, han pasado diferentes casos relacionados con delitos de robo, hurto, amenas o lesiones. De repente, a su móvil llega un e-mail comunicándole la designación de un justiciable al que tiene que defender. Otras veces realiza guardias de 24 horas en las que ha de desplazarse de una comisaría a otra de Madrid para asistir hasta a cinco detenidos en la misma noche. Desde toxicómanos hasta ladrones a punta de navaja. “El turno de oficio es muy duro. Hay quien piensa que no tenemos principios porque defendemos a culpables, pero no repara en que es necesaria la labor del abogado para que haya un juicio justo. Se olvida de que dictamina un juez”, explica. “Nadie cuestiona si un médico debe dejar morir a un asesino enfermo, ¿por qué con los abogados no ocurre lo mismo?”.

PROFESIONALES POR VOCACIÓN

Rolle pone el foco de atención en que, además de la “escasa” retribución que perciben, son los propios abogados que prestan el servicio de justicia gratuita los que tienen que costearse los cursos que la ley les exige para acceder a determinadas materias especiales como violencia de género. “Ya que prestamos un servicio público, lo normal sería que, como mínimo, estuvieran subvencionados por el Ministerio o los Colegios, no que saliesen de nuestros bolsillos”.

La penalista rompe con la imagen que se proyecta del abogado de oficio como un profesional novato e incompetente. Como advierte, “la ley exige como requisito imprescindible para inscribirse en el turno una experiencia mínima en sala de 3 años”.

“Es una falacia. Los abogados de oficio le dedicamos tanto o más tiempo a los justiciables del turno que a nuestros clientes privados”, explica. “Generalmente dan por hecho que tienes que ganar porque te han pagado, mientras que los de justicia gratuita, con el tiempo, pueden llegar a ser más agradecidos”. Según el CGAE, entre 2012-2016 se registraron 5.081 quejas de un total de 1.781.886 asuntos.

No es frecuente que los jueces elogien la labor de los letrados. Sin embargo, este enero el Tribunal Supremo en la sentencia que confirmó los 70 años de prisión para el pederasta de Ciudad Lineal alabó la actividad de Cristóbal Sitjar, el abogado de oficio que lo asistió. “La tarea defensiva, aun cuando no haya alcanzado su objetivo principal, que es la absolución del acusado, ha sido realizada con una dignidad profesional ciertamente loable que, en supuestos como este, hace que el significado del turno de oficio como instrumento para hacer realidad el compromiso constitucional de asistencia jurídica gratuita a quienes carezcan de recursos para litigar, adquiera todo su valor (...). Nuestro reconocimiento, por tanto, a quien con su trabajo ha prestigiado la labor cotidiana y silenciosa de todos aquellos letrados que, día a día, hacen posible, con la máxima solvencia, el derecho a la defensa y a un proceso con todas las garantías”.