Casi dos de cada diez personas están en exclusión social, según un informe de Cáritas

Casi 9 millones y medio de personas están en situación de exclusión social en España. 3 de cada 4 de ellas son españoles y la cifra ha crecido en 2 millones desde la crisis económica de 2007. También al alza quienes sufren exclusión social severa, 4,3 millones de personas en nuestro país, 1,2 millones más que hace 17 años, un 28 por ciento más, según refleja el avance de los resultados del noveno informe FOESSA que Cáritas ha hecho públicos este martes.

El empeoramiento de la situación de quienes sufren a diario la pobreza y sus consecuencias es la prueba según señalan de que la exclusión social no son solo el efecto de las crisis económicas que se han sucedido en estas dos últimas décadas sino de nuestro modelo económico y social.

“Quienes más sufrieron las consecuencias de la crisis financiera de 2007 y las consecuencias de la crisis del COVID siguen sin recuperarse y esto nos habla del carácter estructural de la exclusión social, de la incapacidad de la economía y de las políticas que tenemos constituidas para romper estos círculos de pobreza y de exclusión”, subraya la secretaria general de Cáritas Española, Natalia Peiro.

A cada vez un mayor número de familias no les salen las cuentas, no logran cuadrar la difícil ecuación entre ingresos y gastos. De hecho y según subraya el informe solo el 45 por ciento de la población española está en situación de plena integración frente al 51 por ciento en 2007.

1 de cada 4 hogares tiene problemas con la vivienda

Más de 4 millones y medio de personas tienen problemas para acceder y mantener su vivienda. Y casi 3 millones caen en la exclusión social tras pagar la renta y los suministros. Un problema que afecta en mayor medida a quienes alquilan y a personas como Liliana Calderón, de 38 años y madre de 4 hijos. Vive en tan solo 20 metros cuadrados en una habitación situada en un sótano en Palma de Mallorca. Forma parte de los 3,4 millones de personas que viven en situación de hacinamiento.

“Somos 6 personas en una única habitación en un subterráneo. Tenemos dos literas y una cama. Comedor no hay porque no cabe, tampoco ventanas ni luz natural en este espacio que al estar cerca de la fosa donde caen todas las arquetas huele horrible (…) Estamos aquí porque la plata no alcanza pero encima tenemos una dificultad añadida y es que no tenemos papeles. Cuándo trato de alquilar algo y les digo que como toda documentación tengo mi pasaporte me dicen que nada”, lamenta esta joven colombiana que participa en un curso de formación para cuidadores de personas mayores de Cáritas.

Tampoco lo tiene fácil Miguel Santiuste, de 65 años, y divorciado. Lleva 15 años sin encontrar trabajo después de ser transportista, ganadero y empleado de un matadero. Vive con 400 euros de prestación y la ayuda de Cáritas en Segovia: “mal se duerme en el coche donde estoy pero la gente que está durmiendo en la calle estos días lo tiene que estar pasando bastante peor. Así que encima estoy agradecido de por lo menos tener para poder vivir”.

Para el secretario técnico de la Fundación FOESSA y coordinador del Equipo de Estudios de Cáritas Española, Raúl Flores, es una situación de la que, aunque vamos siendo cada vez más conscientes, sigue oculta en demasiados casos: “a diferencia de otras formas de exclusión residencial extrema como son el chabolismo o el sinhogarismo, que son más visibles para la sociedad, muchos otros problemas quedan ocultos tras la paredes de una vivienda. Por ello quizás la sociedad española ha tardado tanto en reaccionar”.

El sobreesfuerzo por los costes de la vivienda afecta ya al 14,1 por ciento de la población, en total casi 6,8 millones de personas, casi el triple que en 2007 cuando afectaba al 5,2 por ciento de la población. El esfuerzo de pago de la vivienda de las familias con menos recursos se ha incrementado un 50 por ciento desde 2007. Y si hace una década casi 6 de cada 10 hogares en exclusión tenían una vivienda en propiedad, aún con pagos, pendientes hoy son la mitad.

El empleo no es ya un antídoto contra la pobreza

Hay bastante más empleo que hace dos décadas y la economía crece a buen ritmo pero esta situación ya no garantiza para un cada vez mayor número de personas la integración social. El número de hogares en el que la persona sustentadora tiene un empleo de exclusión casi se ha triplicado en los últimos 6 años pasando del 1,1 por ciento al 2,7 por ciento en 2024.

“El 12 por ciento de las personas trabajadoras se encuentran en situación de pobreza. Por eso creemos que es preciso que el mercado laboral y las políticas sociales se puedan complementar para mejorar esa integración estable de las personas trabajadoras en situación de exclusión social”, señala Peiro.

También insuficiente, señalan en este informe bajo el título “La sociedad del riesgo, hacia un modelo de integración precaria”, la protección al desempleo como prueba que 8 de cada 10 hogares cuyo sustentador principal está en el paro están en situación de exclusión social y, de ellos más de la mitad, en situación de exclusión social severa en 2024.

Una salud de varias velocidades

Las listas de espera, la exclusión de determinados servicios del catálogo de prestaciones del Sistema Nacional de Salud y la dificultad de acceso para la asistencia a la salud mental son, entre otras, algunas de las dificultades que afectan directamente a la población y que están generando una desigualdad creciente.

Según el informe elaborado a partir de 12.500 encuestas, en más de 600.000 familias alguien no ha recibido la atención que precisaba en el momento adecuado. Es reseñable también la persistencia de un nivel alto de familias, un 12%, con dificultades para comprar medicamentos y seguir tratamientos o dietas por problemas económicos.

Niños y jóvenes cada vez más pobres en España

Los más jóvenes son los que más han empeorado su situación al aumentar la incidencia de la exclusión social en las dos últimas décadas. La tasa de niños en exclusión social se ha duplicado desde 2007 y ha pasado del 7,2 por ciento al 15,4 por ciento. También al alza la de los jóvenes de entre 18 y 29 años que se ha disparado desde el 6,4 al 11 por ciento en estos últimos 17 años.

Otro perfil vulnerable es el de los hogares encabezados por mujeres. El 21 por ciento está en situación de exclusión frente al 16 por ciento de los hogares monoparentales. La vulnerabilidad es aún mayor en las familias con menores o con personas con discapacidad a cargo. Por el contrario, en los hogares en los que hay personas mayores de 65 años la incidencia de la exclusión social es muchísimo menor (hasta 4 veces menos de incidencia de la exclusión social severa).

La exclusión social afecta tres veces más a la población extranjera que a la de nacionalidad española. Sin embargo, 3 de cada 4 personas en exclusión social siguen siendo de nacionalidad española, y esto se debe, según subrayan desde Cáritas, a que los procesos de exclusión social no son de naturaleza exógena, sino que tienen su origen en nuestro propio modelo de sociedad

“Nos dirigimos a una sociedad del riesgo en la que pueden tambalear las vidas de distintos estratos de la sociedad, y no solo aquellos que ya vivían en la incertidumbre. Es algo que amenaza el futuro de nuestra sociedad y que requiere de la puesta en marcha de políticas públicas que fomenten realmente la inclusión social”, subraya Flores.

Soluciones para una sociedad más igualitaria y justa

Para construir un futuro y una sociedad que no prescinda de una buena parte de sí misma y en la que primen el bien común y la convivencia en Cáritas abogan por mejorar el sistema de ingresos mínimos garantizados y también el sistema de protección social y coordinarlos, además de generar un parque de vivienda pública extenso y de mejorar las prestaciones destinadas a la familia en infancia.

Ni la garantía de ingresos mínimos ni las ayudas a hogares y niños llegan en España, según constatan, tan siquiera al 40 por ciento del que destina la Unión Europea. Una sociedad más justa y más igualitaria pasa también, subrayan, por favorecer el acceso a la educación no obligatoria de quienes más difícil lo tienen; seguir invirtiendo en el sistema nacional de salud y por poner en marcha políticas sólidas y de equidad para los más vulnerables, incluida la población inmigrante.