60.000 puestos de trabajo de personas con discapacidad en el aire

Más de 60.000 personas con discapacidad que trabajan en un Centro Especial de Empleo en nuestro país tienen riesgo de perder su trabajo si sale adelante, tal y como está planteada el Proyecto de ley de Economía Social. Lo denuncia el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD) que lamenta que el cambio legislativo pone en peligro la continuidad de los 1.655 centros en los que trabajan casi 6 de cada 10 personas con discapacidad en nuestro país, un colectivo con altas tasas de desempleo.

Y es que solo 1 de cada 4 personas con discapacidad en edad de trabajar en España tiene un empleo; 1 de cada 10 en el caso de quienes tienen mayores dificultades físicas o intelectuales dentro del colectivo. De cada 5 puestos laborales que ocupan, 1 es en un Centro Especial de Empleo. Hay algo más de 2.400 en nuestro país, pero según denuncian desde el Consejo Español para la Discapacidad y la Dependencia, más de 1.600 se quedarán fuera de juego.

En uno de ellos trabaja desde hace casi 7 Pablo Rizo, de 37 años. Según explica en COPE, su primera etapa profesional en el ámbito jurídico antes de ser diagnosticado con el síndrome de Asperger fue un auténtico desastre: “tuve 20.000 empleos y en ninguno cuajaba”.

Con su empleo actual en SIFU , la situación ha cambiado drásticamente: “estoy en un almacén de libros y, aquí, todos tenemos algún tipo de discapacidad, ya sea física o intelectual. Para mí tener trabajo es esencial y es de agradecer muchísimo que existan este tipo de empresas. He encontrado un trabajo donde estoy a gusto, donde veo que soy eficiente y puedo desenvolverme con normalidad y en el que los jefes son comprensivos. Para mí ha sido de las mejores cosas que me han podido pasar”.

Como Pablo otras 61.425 personas con discapacidad trabajan para los 1.655 Centros Especiales de Empleo que no ostentan la calificación de iniciativa social por pertenecer a empresas, en su mayoría de pequeño tamaño fundadas por personas con discapacidad o sus familiares. Un sello o consideración que sí tienen los otros 760 que están operativos en España y que pertenecen a organizaciones y asociaciones sin ánimo de lucro.

Los segundos no están en peligro, los 1.655 sí según denuncian desde el Consejo Español para la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD) porque perderán su condición de prestadores de servicios de interés económico general lo que según lamentan la nueva legislación lps dejará fuera de juego.

“Cuando se hable de bonificación en la seguridad social no será como ahora, tampoco recibirán ya las mismas ayudas, o sea, tendrán todos los deberes que implica dar empleo a personas con discapacidad que necesitan de un acompañamiento especial y, ningún derecho, es decir, que dejarán de poder competir. Quedarán prácticamente asimiladas al 99,7 por ciento del tejido empresarial ordinario” explica en COPE el presidente del CEDDD Albert Campabadal.

Considera que el resultado final tras la entrada en vigor de esta ley, que sitúan a comienzos de 2025, será una menor competencia en el sector. Denuncian que no es la primera medida que limita las opciones de las empresas que agrupa la Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo (CONACEE) . Es la primera y más antigua Patronal de Centros Especiales de Empleo de nuestro país y, según señalan desde el CEDDD, no se les ha tenido en cuenta en la redacción de la nueva legislación.

Desde el CEDDD piden la revisión del Proyecto de la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social y que se escuche a todos los actores implicados. Consideran que no hacerlo es un retroceso en la inclusión social y económica. Lamentan que el Gobierno solo haya consultado con la Confederación Español para la Economía Social (CEPES)  que es minoritaria en el sector y representa a los Centros Especiales de Empleo de iniciativa social.

Otros cambios legislativos previos, según señala Campabadal, ya habían reducido el margen de actuación de los Centros Especiales de Empleo que no pertenecen a asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro como la ONCE. Desde 2017 solo los Centros Especiales de Empleo de iniciativa social disfrutan de una reserva especial en la contratación pública. También hay diferencias en el coste por empleado con discapacidad porque los Centros Especiales de Empleo que pertenecen a empresas dependen de los convenios del sector en el que trabajan, con condiciones entre un 15 y un 25 por ciento por encima de las que disfrutan los Centros Especiales de Empleo de iniciativa social.